Esta semana se cumplen nueve años desde que se iniciara el proceso por corrupción contra el entonces presidente de la Diputación y del PP de Castelló, Carlos Fabra. Nueve años en los que el todopoderoso “capo” castellonense ha impedido que los nueve jueves y los cuatro fiscales que durante todo este tiempo han trabajado en el proceso lograran sentarlo en el banquillo. Mientras, sigue presidiendo una empresa pública de la Generalitat, dejando en evidencia que es pura palabrería la intención del presidente Fabra de forzar la dimisión de todos los políticos del PP imputados en causas judiciales.
En diciembre de 2003, hace ahora nueve años, el empresario y amigo íntimo de Carlos Fabra, Vicente Vilar, ló acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Desde entonces, nueve jueces y cuatro fiscales han trabajado en el proceso de corrupción más relevante que ha conocido Castelló sin que se haya podido fijar una fecha para la apertura de juicio oral.
3’7 millones sin justificar
A la denuncia de Villar se sumó en 2005 otra de la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal cometido en 1999 al detectar los peritos del Banco de España que ni Fabra ni sus familiares podían justificar 3’7 millones de euros de ingresos, lo que suponía un fraude al fisco de un millón de euros.
Para intentar justificar unos ingresos que no podía obtener de su cargo público, Carlos Fabra ha sido capaz de pulverizar todos los récords y de dinamitar esa estadística que señala que la probabilidad de acertar el gordo de la lotería es de una entre 16,5 millones. Desde el año 2000 se ha embolsado más de 2’2 millones de euros en las siete veces que supuestamente ha sido agraciado. Los datos provienen de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, sorprendida por su extraordinaria suerte.
Hasta la primavera no habrá juicio
La fijación del juicio oral sigue pendiente de que el Supremo se pronuncie sobre si le imputa un delito de cohecho, tras descartarlo la Audiencia de Castelló. Tras pronunciarse el alto tribunal deberá hacerlo el Consejo General del Poder Judicial sobre si la Audiencia Provincial ha presionado a Jacobo Pin, el último de los nueve jueces de Nules que instruye el caso.
A la espera de la resolución del Supremo, Fabra está acusado de tráfico de influencias y fraude fiscal y ha tenido que depositar una fianza de 3,2 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil que se le impondrá si es declarado culpable. En fuentes judiciales se calcula que hasta la primavera próxima no podrá iniciarse el juicio y no se conocerán los delitos de los que se le acusa y qué penas solicitará la Fiscalía y la acusación.
La Generalitat no mueve un dedo
Mientras tanto, Carlos Fabra se mantiene en su puesto de secretario de la Cámara de Comercio y preside la sociedad pública Aerocas que gestiona el aeropuerto sin aviones de Castelló, un cargo del que el presidente de la Generalitat no se ha atrevido a destituirlo pese a la supuesta política ejemplarizando de la que hace gala en sus proclamas contra los imputados por corrupción.
De nada han servido las petición para que Carlos Fabra sea destituido realizadas por la oposición, que ve su permanencia en el cargo en el temor que inspira en el PP, que hace de él a un intocable. Como denuncia la diputada de EUPV, Marina Albiol, solo los cargos por presuntos delitos de corrupción “ya inhabilitarían a cualquiera para ostentar la máxima autoridad de una empresa pública, pero hasta ahora el presidente de la Generalitat ha preferido no actuar y quedarse de brazos cruzados”.
