El que fuera ministro de Salud y Consumo durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Bernat Soria, reclama a la Junta de Andalucía, presidida por el Partido Popular, 40 millones de euros por no devolverle las patentes de la biopsia hepática a la que se sometió en 2016, en el marco de una investigación sobre la enfermedad del hígado graso en personas no alcohólicas, y en concepto del finiquito tras su despido de la fundación adscrita al Ejecutivo andaluz en la que trabajaba.

El origen de esta historia se remonta a mayo de 2016. El doctor Soria, anteriormente miembro de la Fundación Progreso y Salud dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se sometió voluntariamente a una biopsia del hígado, investigando, junto con otros científicos, si la esteatosis no alcohólica era reversible y si se podía evitar su aparición mediante una buena alimentación y una vida saludable. 

Este mes de octubre, se han publicado los resultados de dicha investigación en el prestigioso Brtish Medical Journal, y se ha revelado que esta patología es sufrida por más del 30% de la población adulta del planeta, y que dicho porcentaje crece anualmente en un 0,7%. Una condición que termina evolucionando en aproximadamente el 15% de los casos en fibrosis hepática. En esencia, la investigación de Soria y compañía demuestra que una dieta mediterránea puede prevenir esta enfermedad, mientras que una alimentación más pobre, basada en alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y un exceso de grasas saturadas, puede favorecer su aparición. Para llegar a dichas conclusiones, el ex ministro se ofreció de motu proprio a la mencionada biopsia, cuyos cultivos y patentes se encuentran secuestrados por la Consejería de Salud andaluza.

Claves de la cronología de los hechos

A su vez, otro punto clave de esta historia se da en 2019, cuando Soria es despedido de la Fundación Progreso y Salud en la que trabajaba desde 2009, al constatar su patronato que venía desempeñando una “profusa actividad privada” en empresas vinculadas a él mismo o a su hija, lo que sería incompatible con el plus de 5.000 euros anuales que percibía de la Junta por mantener su exclusividad.

Su sueldo bruto anual era de unos 150.000 euros, muy elevado con respecto a lo que cobra el propio presidente de la Junta, que no llega a los 70.000, pero por debajo de lo que el mercado pagaría a un investigador de su recorrido y experiencia. Las presuntas irregularidades cometidas por Soria fueron detectadas en una auditoría concluida ahora pero encargada por el anterior Gobierno de la Junta, que ya había abierto un expediente informativo por un posible “quebranto de la buena fe contractual, lealtad, normativa de incompatibilidades y compromiso de exclusividad”.

De esta manera, Soria, entrevistado por ElPlural.com, asegura que cuando se firmó su finiquito de la Fundación Progreso y Salud, no se tuvieron en cuenta las patentes de la investigación citada en las líneas previas, las cuales "un perito valoró en cerca de 40 millones de euros".

 Así, la cronología es la siguiente: En 2016, Soria, todavía como trabajador de la Fundación Progreso y Salud, se somete a la biopsia hepática. En 2019, es despedido, y su finiquito no contempla las patentes mencionadas. Y este mes de octubre de 2023, se revelan los resultados del experimento en el British Medical Journal, mientras el juicio por impago y por retención del material genético sigue en espera.

Pendiente de juicio

A su vez, Soria también ha expresado a este medio que denunció los hechos ante la justicia, pero que "el juicio todavía no se ha celebrado", a pesar de que han pasado ya cuatro años desde su despido y del bloqueo de las patentes. "Van retrasándolo, cambian el juez, ponen un interino... han puesto muchas trabas a esta investigación", expone también.

"Además, mantienen material celular y genético mío sin tener autorización para ello. No es que yo haya puesto una querella por valor de 40 millones de euros, sino que las patentes que guardan, y que me pertenecen, están peritadas en dicha cantidad. Cuando me despiden y me dan el finiquito, no se calcula esa cifra en el total", explica.

A su vez, en relación con su despido, Soria denuncia que fue sometido a una "campaña de desprestigio" que estaba "basada en cosas absurdas". "Estaban diciendo auténticas chorradas, como que yo era un trabajador fantasma que no aparecía por el instituto. Cualquiera que estuviera allí sabía que yo abría y cerraba el instituto, así que de trabajador fantasma nada", expone.

De este modo, el ex ministro está sufriendo un bloqueo de triple vía por parte de la Junta de Andalucía. En primer lugar, el veto al acceso de un material genético y celular que le pertenece. En segundo lugar, el impago, por valor millonario, de las patentes en el finiquito tras su despido en 2019, y, en tercer lugar, la lentitud de un proceso judicial que ya se ha demorado por cuatro años, incluso después de que los resultados de la investigación que lo originó todo hayan sido publicados.