“Se trata de que Carlos Dívar reintegre en su caso el dinero que haya podido gastar indebidamente”, explica Benítez de Lugo. La presentación de esta acción pública ante el Tribunal de Cuentas pendiente aún de aprobar por la junta directiva de ADADE, “está bastante documentada. -añade- No hay muchas dudas”.

La responsabilidad de la interventora
En cuanto a la interventora del CGPJ María Begoña de Hoyos, el abogado Benítez de Lugo explica “desde luego el Tribunal de Cuentas puede plantear la responsabilidad directa y la subsidiaria y el papel de la interventora en este sentido sí puede entrar al menos en la categoría de cuestionable. Ha dado por buenas esas facturas y tal vez no debía haberlo hecho”. EL PLURAL.COM ya publicó el 9 de mayo que de demostrarse alguna irregularidad en el caso de los viajes de Dívar, habría que analizar el papel de la interventora.

El secretario se negó a certificar
En cuanto al secretario, Celso Rodríguez Padrón, “da la orden de pago tras el visto bueno de la interventora en una acción casi obligada; pero es que además, el secretario se negó a certificar una serie de gastos que pedía la Fiscalía, hasta el punto de que Carlos Dívar pidió a su jefe de Gabinete que le certificase esos documentos concretos”. La interventora actúa, explica Benítez de Lugo, como delegada del IGAE dando por bueno o no los gastos que se le presentan. Debe por tanto analizarlos bien.

La fiscalía negó al secretario y aceptó al jefe de gabinete
A la pregunta de si está completamente seguro de emprender esta acción, el abogado responde: “Estoy bastante seguro por los papeles que he leído y por la resolución del fiscal que me parece cuanto menos, manifiestamente mejorable”. Resalta Benítez de Lugo que “se da por bueno lo que dice el director del Gabinete del presidente ¡una persona nombrada por el propio Dívar! y por contraste, se omite la negativa del secretario. Esto es bastante elocuente”.

Dívar no duraría ni cinco minutos
La acción pública conlleva la petición de que se instruya un proceso ante el Tribunal de Cuentas exigiendo responsabilidades contables. “Se produciría un juicio por posible responsabilidad ante menoscabo de caudales públicos, y, de ser condenatorio, se produciría la obligatoriedad de pagar el dinero público indebidamente gastado por parte del presidente del CGPJ”. ¿Daría esto pie a otras acciones judiciales? “Sí podría ser que diera lugar, según como fuera la sentencia, a acciones de tipo penal”-aclara Benítez de Lugo- “Pero desde luego, si el Tribunal de Cuentas sentenciara en su contra, el presidente Dívar no iba a durar ni cinco minutos”.