El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha sobreseído y archivado la causa en la que Ana Garrido Ramos estaba imputada por un presunto delito de infidelidad de custodia de documentos. La exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que es testigo clave en la revelación del caso Gürtel y que hoy es entrevistada por ELPLURAL.COM, también contaba con el apoyo de la Fiscalía en esta causa, frente a la acusación del Consistorio y la denuncia interpuesta por María del Mar Paños, concejala de Hacienda en el epicentro de la Gürtel.

A finales de 2014, Ana Garrido cesó en su puesto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y dos semanas después acudió al Consistorio acompañada de varias personas para recoger algunos enseres personales. En julio de 2015 volvió a las oficinas municipales para entregar una “caja con documentación” que había encontrado en su garaje durante una mudanza y que, según acepta el Tribunal, fue llevada a su casa por las personas que le ayudaron en el traslado.

El Ayuntamiento recibió la caja y la precintó en agosto de 2015, tras echar un vistazo a los documentos que contenía, pero sin hacer un listado exhaustivo. En todo este tiempo, y según reconoce la vicesecretaria general del Ayuntamiento, “no está segura de en qué dependencias permaneció”. Sólo sabe que se precintó, pero tampoco si este precinto se hizo en el Registro. Y es en octubre, varios meses después, cuando el Consistorio, contra el que Garrido llevado dos sentencias favorables por acoso laboral, decide acusarla en los tribunales de un delito de infidelidad de custodia de documentos.

El Tribunal concluye que existe una “falta de prueba cierta sobre el número y contenido de los documentos efectivamente devueltos por Ana María Garrido”, así como la certeza de que los documentos entregados sean los mismos que denuncia el Ayuntamiento que fueron sustraídos. “Tal carencia probatoria impide estimar la comisión de ilícito alguno”.

Además, la jueza señala que “no se ha acreditado por la acusación [el Ayuntamiento] que entre sus atribuciones específicas [las de Garrido] se encontrara la custodia de los documentos obrantes”. Es decir, que no han probado que los documentos fuesen responsabilidad de Garrido.

“Se entiende que la única conducta que podría ser imputable a Ana María Garrido Ramos sería la ‘ocultación’, dado que la documentación resultó devuelta sin requerimiento previo, aparentemente en buen estado”, señala el Tribunal. Para después señalar que ni siquiera este extremo podría serle imputable: “No es posible entender, en consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal y la Defensa, que los ‘ocultara’ (…) ya que con su acción no entorpeció ni interfirió en el correcto funcionamiento de la Institución; se tratan todos ellos de documentos antiguos”.

La imputación de Ana Garrido fue ampliamente difundida por medios de la derecha, como La Razón o Libertad Digital, que llegó a titular contra “el azote de la Gürtel”. El medio que dirige Federico Jiménez Losantos, durante esa etapa, se dedicaba a dar pábulo a una expareja de Garrido, que siempre se fotografiaba escondiendo su imagen y a quien la funcionaria acusa de haber colocado la caja de documentos en su garaje. Sin embargo, ninguno de los medios se ha hecho eco ni del archivo de la causa, ni de la posición de la Fiscalía favorable a Garrido, conocida hace dos semanas.