El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han visto las caras por primera vez desde que este jueves trascendiera que el CNI contaba con autorización judicial para espiarle. Ambos tenían agendada la asistencia al acto de entrega del II Premio Cercle d’Economía a la Construcción Europea, cita a la que también ha acudido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Sánchez y Aragonès han conversado brevemente mientras la esperaban y, a juzgar por sus rostros, se puede aventurar que del tiempo, precisamente, no estaban hablando. De hecho, el líder independentista le ha pedido un cara a cara ante la gravedad del asunto.

Según fuentes de Moncloa, el líder del Ejecutivo ha compartido la necesidad de mantener una reunión para "resolver la situación" pensando en los catalanes.

Sánchez ha llegado junto a la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay, a las puertas del Hotel W Barcelona sobre las 11.36 y lo han recibido Aragonès, la ministra de Transportes, Raquel Sànchez, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, y el presidente del Círculo, Javier Faus. Tras el saludo, Sánchez se ha colocado al lado de Aragonès y han mantenido una conversación de unos cuatro minutos antes de recibir a Von der Leyen. Los dos han mantenido un semblante serio en todo momento, muy diferente de cuando ambos mandatarios han saludado e intercambiado algunas palabras con Von der Leyen. Después, ambos han seguido conversando, junto a Raquel Sánchez y Faus, en la terraza del hotel.

Unas horas antes, Aragonès había reiterado lo expresado en la tarde del jueves, cuando exigió que se desclasificara la autorización del Tribunal Supremo que avaló al CNI para intervenirle las comunicaciones.

“Es imprescindible que se desclasifique la autorización judicial. Habrá suposiciones, veremos intentos de justificarlo e intoxicaciones de todo tipo. Pero para ejercer mi derecho de defensa, exijo que se desclasifique la autorización judicial y saber los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político", ha reiterado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Estas declaraciones han sido pronunciadas un día después de la celebración de la comisión de gastos reservados y secretos oficiales que, pese a ser secreta, sí que han trascendido algunos detalles de la cita que, ni mucho menos, ha tranquilizado a los socios del PSOE. Los servicios de inteligencia tenían orden judicial para intervenir las comunicaciones de algunas de las personas que integran la lista desvelada por Citizen Lab y The New Yorker, pero no de todas. En concreto, 18 independentistas, entre los que se encuentra el actual president. Del resto, se desconoce quién intervino, aunque se barajan, según fuentes, dos hipótesis: otro Estado o bien otro u otro organismo nacional. Paz Esteban no profundizó en el software Pegasus alegando que “no podía hablar”, como tampoco abundó en el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La primera reacción de Aragonès no se hizo esperar y, tras trascender su nombre, censuró la “flagrante vulneración del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas que se han relacionado".

Se aventuró, también, a exigir la desclasificación “inmediata” de la autorización judicial, una respuesta “al más alto nivel” y depurar responsabilidades. Esto último, implicaría la dimisión no solo de Esteba, sino también Robles.

Tras la comisión de secretos oficiales, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, admitió salir “más preocupado” por lo visto y oído. En consecuencia, pidió también que se desclasificara toda la información y los archivos con lo que el CNI se justificó en un ejercicio por la transparencia. Esquerra y EH Bildu se posicionaron a favor.