Este viernes el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, tiene ante si la oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su formidable enfado por el espionaje sufrido con Pegasus. Y ya ha lanzado un breve adelanto. Ambos coincidirán en el acto de entrega del II Premio Cercle d’Economía a la Construcción Europea, cita en la que también estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Antes, el dirigente independentista ha solicitado en una entrevista en Catalunya Ràdio que se desclasifique la autorización judicial que avaló al CNI para poder ejercer su derecho a defensa.

“Es imprescindible que se desclasifique la autorización judicial. Habrá suposiciones, veremos intentos de justificarlo e intoxicaciones de todo tipo. Pero para ejercer mi derecho de defensa, exijo que se desclasifique la autorización judicial y saber los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político", ha reclamado.

Estas declaraciones han sido pronunciadas un día después de la celebración de la comisión de gastos reservados y secretos oficiales que, pese a ser secreta, sí que han trascendido algunos detalles de la cita que, ni mucho menos, ha tranquilizado a los socios del PSOE. Los servicios de inteligencia tenían orden judicial para intervenir las comunicaciones de algunas de las personas que integran la lista desvelada por Citizen Lab y The New Yorker, pero no de todas. En concreto, 18 independentistas, entre los que se encuentra el actual president. Del resto, se desconoce quién intervino, aunque se barajan, según fuentes, dos hipótesis: otro Estado o bien otro u otro organismo nacional. Paz Esteban no profundizó en el software Pegasus alegando que “no podía hablar”, como tampoco abundó en el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La primera reacción de Aragonès no se hizo esperar y, tras trascender su nombre, censuró la “flagrante vulneración del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas que se han relacionado".

Se aventuró, también, a exigir la desclasificación “inmediata” de la autorización judicial, una respuesta “al más alto nivel” y depurar responsabilidades. Esto último, implicaría la dimisión no solo de Esteba, sino también Robles.

Tras la comisión de secretos oficiales, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, admitió salir “más preocupado” por lo visto y oído. En consecuencia, pidió también que se desclasificara toda la información y los archivos con lo que el CNI se justificó en un ejercicio por la transparencia. Esquerra y EH Bildu se posicionaron a favor.

Aragonès tenía previsto acudir solo al premio que se le otorga a Von der Leyen y abandonará el lugar para no escuchar a Sánchez. No obstante, no está descartado que ambos se vean en privado para sentar las bases de una posible -y difícil- solución.