"Abstención con una absoluta indiferencia”. Así decía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que iba a afrontar su partido la votación para la exhumación del cuerpo del dictador Francisco Franco. El nuevo líder popular alegaba que era un tema ya pasado para el PP. 

Sin embargo, dicen que del dicho al hecho hay un trecho. Y el PP se ha encargado de demostrar que efectivamente, el refrán está en lo cierto. Pese a que se dice desde dentro del partido que Casado busca romper con las ataduras del pasado, lo cierto es que el legado sigue pesando y mucho en los populares. 

Solamente así se puede entender el apoyo explícito e implícito que han mostrado algunos excargos del PP a un manifiesto de la Fundación Nacional Francisco Franco que critica las políticas del PSOE en cuanto a la Ley de Memoria Histórica. 

Gallardón, Mayor Oreja y San Gil a la cabeza

De todos los apoyos brindados, destacan fundamentalmente tres nombres: Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, y María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco. Tres pesos pesados del Partido Popular que no han dudado en poner sus rúbricas en el Manifiesto por la historia y la libertad, una petición iniciada en la plataforma change.org y que acumula ya cerca de 20.000 firmas. 

El manifiesto califica de "totalitarismo" la medida del gobierno de Sánchez y tilda de "historicidio" a la Ley de Memoria Histórica. Asimismo, destaca que "ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron". 

"Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España", recoge el escrito al que se han aherido más de 200 políticos e historiadores. 

Por último, vuelven a mostrar su rechazo a la medida puesto que "España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito".