El pulso de Isabel Díaz Ayuso a Pablo Casado proyectado sobre la pugna por el liderazgo del PP de Madrid ha traído a escena a un personaje que hasta hace tres días permanecía en el más absoluto de los ostracismos: Esperanza Aguirre. Sus insultos a los “niñatos” y “chiquilicuatres” de Génova han desatado una cascada de reacciones. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, devolvió el golpe a la expresidenta de la Comunidad de Madrid recordando que lo que lapidó al PP madrileño fue la corrupción. Unas palabras que han sido desautorizadas por el portavoz nacional José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid ha calificado a la exlideresa de “ejemplar y admirable” en lo que respecta a la corrupción, obviando entre otras cosas -sapos y ranas aparte- que el juez mantiene su imputación en el marco del caso Púnica.

Aguirre está imputada desde principios de septiembre en esta pieza separada de la macrocausa que investiga Manuel García-Castellón sobre una presunta caja B del partido que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y utilizados para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

En el auto de imputación en 2019, el magistrado atribuyó a Aguirre la “supervisión” de los mecanismos irregulares detectados en la trama y de la supuesta contabilidad paralela. Además, ocupó la presidencia de Fundescam de 2004 a 2010, una de las supuestas herramientas de financiación irregular. Asimismo, mantenía jerarquía directa y una estrecha relación con los principales implicados: como el entonces vicepresidente Ignacio González; Francisco Granados, consejero y secretario general del PP de Madrid; o Beltrán Gutiérrez, gerente del partido.

Las pesquisas señalan que Aguirre, además, fue beneficiaria directa de la trama, pues la supuesta financiación irregular dopó sus campañas electorales y mejoró su imagen en internet.

En consecuencia, el número de delitos por los que se la investiga asciende a, ni más ni menos, que seis: cohecho, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.