Después de que el Tribunal Supremo haya enviado al banquillo al 'popular' Alberto Casero por haber firmado contratos irregulares durante su época como alcalde de Trujillo (Cáceres), éste ha dado un paso al frente y ha presentado su renuncia del acta de diputado en el Congreso a la cúpula central de Génova 13, dirigiendo así su decisión a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, según han confirmado este viernes fuentes de la formación. 

Tal y como reza el breve comunicado de los 'populares', su decisión ha sido "voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor" y en aras de "evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido". Esta mañana del viernes, Casero ya había suspendido su militancia en el partido. 

Fue el pasado mes de septiembre, después de que el juez instructor del Supremo Andrés Palomo propusiese enviar suplicatorio a la Cámara Alta para proceder penalmente contra Casero por indicios de prevaricación, Gamarra informó de que el PP ya le había abierto expediente informativo antes del verano. Así, indicó que el partido tomaría más medidas si el juez decidía abrirle juicio oral. Finalmente, ha sido el propio Casero el que ha tomado la iniciativa de suspender, primero, su militancia en el partido y, en segundo lugar, dejar su correspondiente escaño.

Contratos irregulares en Trujillo

En relación al caso por el que está imputado, el juez le señala por haber firmado hasta cinco contratos irregulares adjudicados por el Ayuntamiento de Trujillo entre 2017 y 2018, uno de ellos relativo al contrato de un psicólogo. Según reza en el auto, dichos documentos se avalaron a sabiendas de que no eran regulares. Casero, en su momento, reconoció la irregularidad de los mismos, pero defendió que no eran hechos constituyentes de delito.

En marzo de 2022, el órgano judicial decidió abrir causa contra el entonces diputado del PP después de que el juzgado extremeño se inhibiera a su favor. Las pruebas certificaron que existían indicios de peso en los que la contratación se formalizó sin seguido los procedimientos administrativos adecuados, es decir, se habría comprometido el pago de diversas cantidades sin informar al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

Además del contrato del psicólogo, cabe destacar el que Casero firmó junto al presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España, por un pago del Ayuntamiento de 25.000 euros, pero del que no quedó constancia de los servicios que se incluían, ni si quiera se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su momento.

En el mismo periodo, el entonces alcalde también avaló con 18.000 euros un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant sin contar con el visto bueno del Consistorio. En 2018, firmó otros contratos menores con la misma empresa, a los que añadió costes secundarios.

También destacan otros dos contratos más: el primero de ellos, con Icaro Consultores en Comunicación SLU, con motivo de otro evento que costó 14.000 euros más IVA; el segundo de ellos, a Radio Interior SL por 15.000 euros para una celebración en la que se requirieron servicios de comunicación para la Feria del Queso de Trujillo.

Los errores de Casero

El nombre de Alberto Casero era popularmente desconocido para la gran mayoría del país pero, debido a su error en la votación de la reforma laboral en el Pleno del Congreso y del que recientemente se ha cumplido un año, se ha convertido en uno de los que más se ha hablado.

El 3 de febrero de 2022, todas las miradas estaban puestas en la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expectantes a si la gran medida de su cartera, la reforma laboral, salía adelante. Pero todas ellas dieron un giro de 180 grados fijándose en la decisión, involuntaria, de Casero que, rompiendo la disciplina de voto de su partido, votó a favor de esta medida estrella de la legislatura del Gobierno de coalición, otorgándole así la luz verde que necesitaba para su aprobación parlamentaria.

La pronunciación de los votos por parte de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, generó auténticos instantes de tensión en el Hemiciclo, ya que se equivocó a la hora del dictamen: “Sí: 166, más nueve votos emitidos telemáticamente. No: 169, más cinco votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, queda derogado el real decreto ley”, entonó.

A pesar de la pronta celebración de la bancada de PP y Vox, el resto de diputados, ministros e incluso el presidente del Gobierno, miraban desconcertados y expectantes a la pantalla. En tan solo un tramo de 40 segundos, todo el escenario cambió; “Sí: 175 votos, No: 174”, fueron las palabras que hicieron que las celebraciones cambiaran al otro lado de la sala.

Este escenario volvió a acrecentar las tensiones entre Gobierno y oposición, ya que el PP alegó a un “error del sistema” durante las votaciones, un argumento que cayó por su propio peso el 11 de febrero cuando dos informes, uno de los informáticos de Congreso y otro de los letrados, concluyeron que no se produjo tal error.

Casi un año después, el pasado mes de diciembre, el exdiputado del PP, en conversaciones con laSexta, tiró de sentido del humor para hablar sobre su error: “Cualquiera puede cometer un error. La mayoría me lo preguntan con respeto y cariño. Uno se equivoca y ya está, intento explicarlo con calma”, aseguró.

Pese a que este fue su error más monumental, lo cierto es que Casero erró una segunda vez en el Congreso: votando a favor de investigar al Gobierno de Rajoy. Todo sucedió a mediados del mes de septiembre, cuando el ‘popular’ emitió un voto contrario al de su formación para avalar una comisión de investigación al Ejecutivo de Rajoy en la Operación Catalunya, donde estuvo implicado el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.