El diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, ha vuelto a equivocarse en una votación en el Congreso y ha emitido un voto contrario a los de su formación y compañeros de bancada. En concreto, el popular se ha manifestado a favor de investigar al Gobierno de Mariano Rajoy en la Operación Catalunya, responsable de la conocida como "policía política". No es la primera vez que esto ocurre ya que Casero, tal y como publicó en primicia ElPlural.com, fue el responsable de permitir que saliese adelante la reforma laboral del Ejecutivo de Pedro Sánchez al confundirse a la hora de emitir su voto.
Este jueves, el Congreso ha evaluado si dar o no luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas actuaciones irregulares del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, durante la primera legislatura de Rajoy. Una petición que ha solicitado ERC, Bildu y Más País y que ha sido finalmente aprobada con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos.
Sin embargo, también ha sido posible gracias a un nuevo error de los populares. Tal y como aparece reflejado en el diario de sesiones de este 15 de septiembre del Pleno de la Cámara Baja, Casero aparece en el bloque de los diputados que han votado que sí de forma telemática a la instauración de esta comisión, por lo que ha permitido investigar al Ejecutivo de su formación en sus responsablidades por las cloacas policiales.
Captura de la lista de votos a favor
En concreto, la orden del día contemplaba la votación para la "creación de una comisión de investigación sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada Operación Cataluña", que se ha saldado con 191 votos a favor -entre los que se encuentra el político del PP-, 153 en contra y una abstención.
Luz verde a la reforma laboral
Como ya adelantó este periódico hace meses, Casero ya saltó a los medios por ser el responsable de que saliera adelante in extremis la reforma laboral impulsada por el Gobierno. De hecho, se pudo dar luz verde gracias al cambio de sentido de los diputados de UPN -que decidieron ese mismo día apoyar la iniciativa- y a la sonada confusión del popular.
Cabe destacar que, además, el político está siendo investigado por varios delitos de corrupción en el Tribunal Supremo. De hecho, el magistrado Andrés Palomo ha propuesto esta misma semana enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el diputado al constatar indicios de prevaricación y malversación. Una causa que publicó en exclusiva ElPlural.com.
El juez ha asegurado en un escrito que ha apreciado contra él indicios racionales de estos delitos por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó en su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo, en Cáceres, en los años 2017 y 2018. Se trata de cinco contratos presuntamente irregulares por valor de más de 90.000 euros y que justificó asegurando que el orden no era "marca de la casa" en el Ayuntamiento por aquel entonces.
