La asociación formada por pequeños accionistas del Banco de Valencia ha pedido a la Audiencia Nacional la imputación del presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, por el pago de 350.000 euros a Iñaki Urdangarin por unas gestiones que no fructificaron. En un escrito remitido al juez Pedraz, los pequeños accionistas denuncian también la contratación de personas vinculadas al Partido Popular valenciano.
La Asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que amplíe la querella que sigue contra la antigua cúpula del Banco de Valencia y contra el presidente de Aguas de Valencia, Enrique Calabuig y su familia por presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, a quienes la entidad financiera los responsabiliza de un agujero de 137 millones. La Asociación, constituida en 2011 por los accionistas no representados en el consejo de administración de la entidad financiera, piden al juez que amplíe la querella contra Calabuig, también presidente de Inversiones Financieras Agval, -la sociedad que dirige Aguas de Valencia y está participada por el Banco de Valencia con un 49% de las acciones- por su vinculación con el caso Noos al considerar que su gestión perjudicó a la entidad financiera.
Los pagos al Duque de Palma
El juez Castro que instruye en Palma de Mallorca el caso Nóos, en el que está imputado Iñaki Urdangarin y su socio, ya interrogó en su día a Eugenio Calabuig en calidad de testigo, pero lo que los pequeños accionistas del banco pretenden ahora, que es sobre lo que tendrá que pronunciarse el juez Pedraz, es que Calabuig dé explicaciones de tipo penal en calidad de imputado. La Audiencia Nacional investiga desde el pasado verano la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra el consejo de administración del Banco de Valencia y contra Calabuig tras la intervención de la entidad financiera por el Banco de España.
Como ya contó ELPLURAL.COM, Eugenio Calabuig transfirió a través de Agval 375.000 euros al duque de Palma a nombre del empresario belga Robert Cockx, que actuaría como testaferro de Urdangarin, por la mediación realizada por el marido de la infanta en varias operaciones internacionales de interés para Aguas de Valencia, pero que ninguna de ellas fructificó, entre ellas un proyecto para trasvasar agua entre dos ríos en Jordania o la adquisición de terrenos en Tánger.
Pagos por gestiones infructuosas
Durante su declaración ante el fiscal anticorrupción, Calabuig admitió que pidió la mediación de Urdangarin para hacerse con el contrato para construir un trasvase entre dos ríos jordanos, aunque el duque declaró que su actuación se limitó a poner en contacto a Calabuig y un empresario jordano, sin que el negocio fructificara. En cuanto al negocio en Tánger, miembros de Aguas de Valencia se desplazaron a Marruecos para revisar las parcelas que la sociedad de Urdangarin había elegido en Tánger, aunque la relación comercial tampoco maduró al no realizarse la adquisición de los terrenos.
Ahora, las Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia piden la intervención de la Audiencia Nacional porque consideran que la relación de Calabuig con el instituto Nóos perjudicó financieramente al banco, por cuanto el presidente de Aguas de Valencia realizó unos pagos a Iñaki Urdangarin por unos servicios que no se materializaron en ningún negocio. Asimismo, la Asociación denuncia la “gestión opaca” que realiza Aguas de Valencia por la contratación de empresas del grupo Gimeno para realizar trabajos técnicos cuando, a su entender, dichas tareas deberían realizarse por el personal de Aguas de Valencia.
Contratación de vinculados al PP
Por otra parte, en el escrito que los pequeños accionistas del banco han remitido al juez Pedraz, se cuestionan diversas contrataciones realizadas por Aguas de Valencia, que incluyen a familiares del presidente y a personas vinculadas al Partido Popular, entre las que figuran el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos, -que fue condenado en el caso de los trajes contra Camps al admitir su culpabilidad-, Pilar Bertolín, la esposa de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, o la compañera sentimental del consejero diputado de Egevasa, Salvador Álvarez Carbonell.
La Asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que amplíe la querella que sigue contra la antigua cúpula del Banco de Valencia y contra el presidente de Aguas de Valencia, Enrique Calabuig y su familia por presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, a quienes la entidad financiera los responsabiliza de un agujero de 137 millones. La Asociación, constituida en 2011 por los accionistas no representados en el consejo de administración de la entidad financiera, piden al juez que amplíe la querella contra Calabuig, también presidente de Inversiones Financieras Agval, -la sociedad que dirige Aguas de Valencia y está participada por el Banco de Valencia con un 49% de las acciones- por su vinculación con el caso Noos al considerar que su gestión perjudicó a la entidad financiera.
Los pagos al Duque de Palma
El juez Castro que instruye en Palma de Mallorca el caso Nóos, en el que está imputado Iñaki Urdangarin y su socio, ya interrogó en su día a Eugenio Calabuig en calidad de testigo, pero lo que los pequeños accionistas del banco pretenden ahora, que es sobre lo que tendrá que pronunciarse el juez Pedraz, es que Calabuig dé explicaciones de tipo penal en calidad de imputado. La Audiencia Nacional investiga desde el pasado verano la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra el consejo de administración del Banco de Valencia y contra Calabuig tras la intervención de la entidad financiera por el Banco de España.
Como ya contó ELPLURAL.COM, Eugenio Calabuig transfirió a través de Agval 375.000 euros al duque de Palma a nombre del empresario belga Robert Cockx, que actuaría como testaferro de Urdangarin, por la mediación realizada por el marido de la infanta en varias operaciones internacionales de interés para Aguas de Valencia, pero que ninguna de ellas fructificó, entre ellas un proyecto para trasvasar agua entre dos ríos en Jordania o la adquisición de terrenos en Tánger.
Pagos por gestiones infructuosas
Durante su declaración ante el fiscal anticorrupción, Calabuig admitió que pidió la mediación de Urdangarin para hacerse con el contrato para construir un trasvase entre dos ríos jordanos, aunque el duque declaró que su actuación se limitó a poner en contacto a Calabuig y un empresario jordano, sin que el negocio fructificara. En cuanto al negocio en Tánger, miembros de Aguas de Valencia se desplazaron a Marruecos para revisar las parcelas que la sociedad de Urdangarin había elegido en Tánger, aunque la relación comercial tampoco maduró al no realizarse la adquisición de los terrenos.
Ahora, las Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia piden la intervención de la Audiencia Nacional porque consideran que la relación de Calabuig con el instituto Nóos perjudicó financieramente al banco, por cuanto el presidente de Aguas de Valencia realizó unos pagos a Iñaki Urdangarin por unos servicios que no se materializaron en ningún negocio. Asimismo, la Asociación denuncia la “gestión opaca” que realiza Aguas de Valencia por la contratación de empresas del grupo Gimeno para realizar trabajos técnicos cuando, a su entender, dichas tareas deberían realizarse por el personal de Aguas de Valencia.
Contratación de vinculados al PP
Por otra parte, en el escrito que los pequeños accionistas del banco han remitido al juez Pedraz, se cuestionan diversas contrataciones realizadas por Aguas de Valencia, que incluyen a familiares del presidente y a personas vinculadas al Partido Popular, entre las que figuran el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos, -que fue condenado en el caso de los trajes contra Camps al admitir su culpabilidad-, Pilar Bertolín, la esposa de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, o la compañera sentimental del consejero diputado de Egevasa, Salvador Álvarez Carbonell.
