Este martes el Congreso albergará uno de los reencuentros más esperados, el de Esperanza Aguirre con su rana por antonomasia, Ignacio González. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y su sucesor en el cargo comparecerán ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular. El primero en declarar será González a las 09:30 horas y le seguirá Aguirre. Eso sí, a priori no tienen por qué encontrarse salvo que queden en una cafetería o en los pasillos a fin de aclarar qué ocurrió, entre otras cosas, con el campo de golf del Canal.

Lo que dijo...

Precisamente, la construcción y gestión de la “cancha de prácticas”, tal y como lo denominó la propia Aguirre, fue lo que la llevó ante la comisión que investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid en la Asamblea regional (aunque este martes, los diputados se centrarán en la financiación irregular). La exlideresa admitió en dicho órgano que “la idea fue mía” y se inspiró “en Tokio y lo que vi en las películas”. El proyecto de construir un helipuerto ya estaba en marcha y, según el relato de Aguirre, lo frenó. Consultó con Ignacio González “si podía hacer una cancha de prácticas” y “me dijo que sí”. Entonces, la expresidenta se desentendió y no supo nada hasta que Alberto Gallardón, por entonces alcalde de la capital, no otorgó la licencia: “Me pareció tremendamente injusto”, dijo en la Asamblea, por lo que siguieron adelante.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid declaró que “yo tenía plena confianza en él [González]” y que le preguntó directamente si, según publicó la revista Tiempo, un familiar suyo fue beneficiario de la adjudicación: “Y yo le creí”. “Como dice Lenin, la confianza está bien, pero el control mejor”, espetó.

En el año 2007, el Canal de Isabel II, con Ignacio González al frente, adjudicó a José Antonio Clemente, cuñado y socio del hermano del expresidente madrileño. Además, el juez instructor, Manuel García Castellón, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados, pudieron obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la construcción y gestión del campo.

Aguirre se sacudió las responsabilidades, al igual que hizo Ignacio González, quien también en la Asamblea autonómica negó la mayor: “Nunca he hecho nada con ánimo de beneficio personal o torticero” y “mucho menos” para su familia.

El expresidente regional Ignacio González, investigado en el caso Lezo, declaró el pasado marzo ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid que “en mi vida seguramente habré hecho cosas buenas, malas o regulares, pero le aseguro que no he hecho nunca nada con ánimo de beneficio personal o torticero para mí y mucho menos para mi familia".

Ignacio González aseguró que no tiene “nada que esconder ni en este caso ni en ningún otro”. No obstante, no respondió a ninguna pregunta relacionada con el caso Lezo porque “están dentro de una causa” judicial y no contestará por “razones obvias”.

Lo que dirá...

En contraposición a lo vivido en la Asamblea de Madrid, Aguirre deberá responder a cuestiones “de la financiación irregular del PP pura y dura”, aseguran fuentes cercanas a la comisión. “Se le preguntará por Beltrán Gutiérrez [extesorero del PP de Madrid con Aguirre], de Francisco Granados y otros nombres propios”.

Las mismas fuentes señalan que la “actitud de Aguirre” se prevé que será la misma que mantuvo en la Asamblea de Madrid y que existen serias dudas de que González responda a preguntas relativas al caso Lezo o a cualquier asunto relacionado con causas judiciales abiertas.

A buen seguro que Aguirre será preguntada por los periodistas por su rana González. En este sentido, cabe recordar que el día que la expresidenta regional habló sobre si su número dos le falló, rompió a llorar: “Sería lamentable”, dijo entre lagrimas en los pasillos de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.

Por su parte, Ignacio González será preguntado por el denominado núcleo de hierro. Una especie de guardia pretoriana que tenía el control. Sus integrantes eran Isabel Gallego, exdirectora de Comunicación de Aguirre (quien ha confesado pagos con dinero público en Púnica); Jaime González Taboada, exnúmero tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP; el consejero Borja Sarasola y el premio gordo, Cristina Cifuentes.

Según Francisco Granados, la relación de “tipo sentimental” que mantenían González y Cifuentes acabó dinamitando el cinturón de hierro. Además, Granados señaló a Aguirre y González como los responsables de las campañas electorales de 2007 y 2011, precisamente las que están en el foco del caso Púnica.