El pasado martes 9 de enero comenzó el desfile ante los tribunales de la cúpula del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón para explicar la compra de Inassa. El exconsejero del Canal de Isabel II Rafael Merino declaró ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y confesó que percibió irregularidades y sospechó de algunas operaciones financieras, poniendo el acento en que el objeto no debía ser ganar dinero y, según su testimonio, pudieron ocultarse datos relevantes durante la primera reunión, celebrada en octubre del año 2001.
Merino asegura que en ese primer encuentro, acaecido el 8 de octubre, tan solo se habla de la expansión en Sudamérica, y para él, era la primera vez que se trataba el asunto. No recuerda que se hablaran de cifras concretas de la operación, ni de cuánto o dónde se invertiría, como tampoco recuerda quién era el vendedor y mucho menos que se mencionara nada de sociedades panameñas. Cabe recordar que la investigación Lezo pretende dilucidar si se cometió algún tipo de delito en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, que utilizó Canal Extensia para articular la compra de la filial colombiana Inassa a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá. La compra se realizó por 83 millones de euros y se calcula un sobrecoste de entorno a 25 millones. Pues bien, todos estos datos se omitieron en la primera reunión (o al menos, el exconsejero Merino no recuerda que se mentaran).
En días posteriores, concretamente el 14 de noviembre, el Consejo de Administración del Canal vota la adquisición de Inassa, pero Merino no acudió a la cita puesto que la documentación le llegó tarde y no tuvo tiempo de estudiarla. Además, ha declarado que desconocía la cantidad por la que se iba a realizar la operación y que sospechó de la misma porque el Canal se debía centrar en el agua de los madrileños y no en ganar dinero.
Es precisamente en esa reunión del 14 de noviembre cuando el Consejo del Canal autoriza a iniciar la operación y hacer una oferta concreta, así como de trasladar la propuesta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Gallardón.
La declaración del exconsejero del Canal Juan María del Álamo pivotó en torno a las mismas líneas maestras que el relato de Merino, con la diferencia de que este último sí que votó favorablemente en la cita del 14 de noviembre. Del Álamo aseguró que no recuerda que se hablara de una sociedad panameña en la reunión de octubre de 2001, que tan solo se mencionó a Inassa y que el director Económico del Canal, José Antonio de Cachavera, dio una explicación.
Del Álamo tampoco recuerda haber dado autorización para comprar una empresa panameña, así como no recuerda que en las primeras reuniones se hablara de una valoración de Inassa de entre 25 y 50 millones de dólares. Todo parece indicar que, aunque conste en el acta la valoración de la filial colombiana y la compra a través de una sociedad en Panamá, estos datos no se los mostraron.
Juan María del Álamo rubricó la operación el 14 de noviembre y dice que lo hizo en base a la explicación de Cachavera. También menciona que no vio nada negativo y que el informe del despacho de abogados Garrigues no planteaba ningún problema. A partir de entonces, cuando el asunto se trasladó al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no supo nada más.
