Varios exconsejeros del Canal de Isabel II declaran este martes como investigados ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa que pudo causar un desfalco de hasta 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Son Ignacio López-Galiacho (ex director general de la Comunidad), Juan María del Álamo, Fernando Autrán (ex coordinador general del Ayuntamiento de Madrid) y Francisco Díaz-Latorre.
Todos ellos votaron en una reunión del Consejo de Administración del Canal el 14 de noviembre de 2001 a favor de realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares un precio muy superior al de mercado y que, según el juez, acabó generando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares. Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad dio luz verde a esta operación el 29 de noviembre, con la firma del entonces presidente, Alberto Ruiz Gallardón. Todos los consejeros que participaron en esa decisión, a excepción de Gallardón, desfilarán estos días ante García Castellón como investigados.
Para adquirir la filial colombiana el Canal utilizó una "sociedad vehículo" llamada Canal Extensia (constituida el mismo mes de la operación), que compró Inassa a través de otra mercantil panameña interpuesta denominada Sociedad Aguas de América. Esta operación, llevada a cabo a través de una "compleja estructura societaria", contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid, según apunta el juez en su auto.
Además, cree el magistrado que existen "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar".
Por estos hechos también están citados el miércoles el expresidente del Canal y exconsejero del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad Pedro Calvo y otros 4 exconsejeros de la empresa pública y el próximo 15 de enero el presidente de Adif y exconsejero de Gallardón Juan Bravo. De momento, Gallardón es el único miembro de ese consejo que se ha librado de la imputación. El juez tomará una decisión después de revisar la documentación que exigió a la Comunidad de Madrid. La Fiscalía ya ha pedido su imputación.
