¿Por qué Gallardón no ha sido citado por el juez del caso Lezo y todos sus consejeros sí? En el trasfondo de este asunto está la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa de aguas colombiana Inassa a la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde el 29 de noviembre de 2001. Todos los consejeros han sido citados a declarar como investigados por esta operación que, según la investigación habría supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de 25 millones de euros.
A la espera de que se aclara la situación jurídica de Gallardón, te contamos por qué desde hace un año, el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira de la Lezo.
El fiscal Carlos Yáñez siempre sostuvo que la cúpula de Gallardón, con él incluido, debían ser investigados por esta operación a la que dieron luz verde en el año 2001. Sin embargo, ni el juez de refuerzo del caso Lezo Alejandro Abascal ni el fiscal Anticorrupción de entonces, el dimitido Manuel Moix estaban de acuerdo con esta tesis. Ambos consideraron que este asunto no tenía nada que ver con la trama de corrupción liderada por Ignacio González.
Abascal dictaminó en un auto del 29 de noviembre de 2016 que no había razón alguna para investigar esta operación en el marco de Lezo y, por tanto, a aquellas autoridades o funcionarios públicos que participaron en la misma, tal y como pedía la Fiscalía. Entre otros, señalaba a Alberto Ruiz-Gallardón y los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que dieron luz verde a la compra de Inassa.
Los argumentos del fiscal contra Gallardón...
Sin embargo, el fiscal Yañez no tiró la toalla y, enfrentándose incluso a su jefe Moix, presentó un recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia Nacional que, finalmente, le dio la razón. El fiscal insiste en que “presuntas inversiones fraudulentas realizadas por el Canal de Isabel II en Sudamérica desde la operación de compra en el 2001 de la sociedad Inassa deben seguir investigándose” en el marco del caso Lezo.
Y añade: “Esta línea de investigación comparte un mismo modus operandi, el desvío de dinero público a través de inversiones en Sudamérica, todas ellas alejadas de la fiscalización pública. (…) Dicho modus operandi y la continuidad delictiva aconsejan una investigación única para garantizar el buen fin de la misma”.
...avalados por la Audiencia Nacional
Finalmente, la sección cuarta de la Audiencia Nacional zanja esta polémica el 19 de enero de 2017 dando la razón a la Fiscalía y revocando la decisión del juez instructor de dejar fuera de Lezo a Gallardón y todos aquellos que participaron en la compra de la empresa de aguas colombiana.
Casi un año después de esa decisión, los antiguos consejeros de Gallardón han sido imputados en el caso, al igual que los responsables del Canal de Isabel II en 2001. El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad queda, de momento, fuera de esta investigación a la espera de que el Gobierno de Cristina Cifuentes envíe a la Audiencia extensa documentación sobre Inassa.
Se trata de la misma documentación que la presidenta madrileña ha ocultado a la oposición y que ahora no va a tener más remedio que entregar. En el auto de imputación de la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón, el instructor de la Lezo requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviembre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla. Una vez examinada esa documentación, decidirá sobre la petición de la Fiscalía de imputarle.
Gallardón no sólo ha sido ministro de Justicia, sino que es fiscal de carrera. Según ha podido saber El Plural de fuentes conocedoras de la instrucción, jueces y fiscales van con pies de plomo en este asunto y no quieren dejar ningún cabo suelto. Los delitos que se investigan en esta causa son muy graves y podrían implicar penas de cárcel. Recordemos que se habla de organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. De ahí el hecho de recibir de facto un trato de aforado pese a que perdió esta condición cuando dimitió en septiembre de 2014 cuando dimitió como ministro al sentirse desautorizado por Mariano Rajoy por la retirada de la reforma de la ley del aborto que había impulsado y renunció también a su acta de diputado en el Congreso.
La situación jurídica del exministro resulta compleja. Lleva más de un año en el punto de mira de la Lezo, donde ya están imputados algunos de sus hombres de confianza. En un auto del juez de refuerzo que sustituyó a Abascal del pasado 17 de octubre, asumiendo los argumentos de la Fiscalía se habla de él como “investigado”, algo que resulta contradictorio con el dictado el pasado 26 de diciembre, en el que se imputa a todo su equipo de gobierno.
Gallardón, "orgulloso" de la compra de Inassa
Con independencia de su situación judicial, Alberto Ruiz-Gallardón sí se ha defendido ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que estaba “profundamente orgulloso” de la compra de la colombiana. El antiguo dirigente popular insistió en que se trató de una operación lícita e incluso fue más lejos al afirmar que, con todo lo que sabe hoy, la habría aprobado. “No encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el Canal de Isabel II”, concluyó.
El expresidente se presentó como una víctima de maledicencias, aunque celebró al mismo tiempo que la Asamblea le diera la “oportunidad” de defenderse. "No dejen ustedes de investigar porque es la garantía para aquellas personas a las que se ha cuestionado su honorabilidad, a las que se ha intentado meter en un corral que no era suyo homologándoles con conductas que no han tenido, despejen toda duda", pidió entonces.
