La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se enfrenta hoy a su segundo debate del estado de la región. Un reto que se extenderá dos días, entre hoy y mañana, y ante el que pretende transmitir sensación de tranquilidad. Ayer, con pocos ojos sobre ella por el conflicto catalán, Cifuentes ya adelantó su estrategia.

La presidenta madrileña prometió proponer “algunos proyectos importantes” para “seguir avanzando” y dijo que la oposición se dedicaría a criticar a anteriores gobiernos. “Voy a defender y a poner en valor la acción de mi Gobierno, y no voy a entrar en lo que hicieron o dejaron de hacer los anteriores. Mi obligación es gobernar, gestionar, solucionar problemas y trabajar para que tengamos mejores servicios, que se cree empleo y que crezca la economía, y no voy a entrar en cuestiones que no son de mi Gobierno”, señaló.

Es decir, que se amparará en la herencia recibida ante la oleada de críticas que recibirá el viernes de parte de la oposición, cuando tengan su turno de réplica. Y quien sabe si los rescoldos catalanes calentarán en su favor.

Sin embargo, Cifuentes siempre estuvo ahí, por mucho que busque poner una línea divisoria que en realidad es muy difusa. La presidenta madrileña acude por primera al trance del debate regional con la acusación sobre ella, por parte de la Guardia Civil, de delitos tan graves como “prevaricación continuada y cohecho”. Pocos presidentes autonómicos en activo cuentan con semejantes acusaciones sobre sus cabezas. Los tuvo Pedro Antonio Sánchez en Murcia, y acabó dimitiendo, y ni siquiera Carles Puigdemont en la actualidad ostenta semejante mérito.

Si esta condición novedosa saliese a relucir en el debate regional, Cifuentes ya ha avisado de que tirará de la excusa de gobiernos anteriores. En este caso, el de Esperanza Aguirre, quien gobernaba cuando tuvieron lugar dichos hechos. Pero a ella le acusó la Guardia Civil, aunque el entonces juez instructor se negó a imputarla, porque en 2009 y 2011 estuvo al mismo tiempo en el comité de expertos -que valoraba oferta de Arturo Fernández para quedarse con la gestión de la cafetería de la Asamblea- y presidió la mesa de contratación que adjudicó el contrato a este donante de la financiación irregular del PP.

También dentro del caso Púnica, hay que recordar que Cristina Cifuentes mantiene como su número tres a Jaime González Taboada. Una persona vinculada a ese pasado que Cifuentes rechaza. Hasta el punto de que la Fiscalía ha acusado al Gobierno madrileño de “ocultar información relevante” para esta investigación y de no tener “una colaboración espontánea”. Se da la paradoja de que Cifuentes mantiene a un imputado en la causa vigilando los papeles de Púnica que el mismo Ejecutivo madrileño ha reconocido que “traspapeló” contratos.

Y más allá de Púnica, será inevitable que sobrevuele en la Asamblea de Madrid la Operación Lezo. Puestos a buscar en el pasado, Cifuentes podrá esgrimir que todo es culpa de Ignacio González y hasta de Alberto Ruiz-Gallardón, ahora también imputado en la causa del agua madrileña. Hasta podrá presumir de que ella destapó el caso Lezo. Pero Cifuentes acudió a denunciar a la Fiscalía obligada por las circunstancias, y después de que lo hiciera el PSM, y no hay que olvidar que cuando se realizaron las operaciones sospechosas de la etapa de González, Cifuentes formaba parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Porque Cifuentes siempre estuvo ahí, aunque ahora actúe como si su Presidencia se hubiera generado de forma espontánea.