Hay que reconocerlo. No es la primera vez que usamos la metáfora de poner al zorro a cuidar las gallinas, ni siquiera es la primera vez que se aplica a Cristina Cifuentes, pero quizás nunca haya sido tan acertada como ahora. Desde la Comunidad de Madrid que gobierna Cifuentes han reconocido que han “traspapelado” documentos de la empresa pública Nuevo Arpegio de vital importancia para la investigación de la trama Púnica. Y hay un par de detalles llamativos sobre esta cuestión.
De hecho, al menos en la Fiscalía Anticorrupción, la noticia no les ha debido de pillar por sorpresa. Tal y como informó ELPLURAL.COM, el Ministerio Fiscal ya emitió un informe en el que acusaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la empresa pública Arpegio y a la Dirección General de Medios de estar “ocultando información relevante a la autoridad judicial”. Hasta el punto de que “se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid”, señalaba la Fiscalía.
Ahora, la empresa pública Nuevo Arpegio reconoce que han “traspapelado” los contratos originales de la empresa con Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A (DUSA), vitales para conocer los supuestos amaños de Francisco Granados para enriquecerse a través de la trama.
Lo llamativo del hecho, y es lo que nos lleva a la parábola de las gallinas y los zorros, es que quien firma el documento que reconoce la pérdida de los documentos es Francisco Esquivias, secretario general de Nuevo Arpegio, quien está imputado en esta misma investigación por su papel de secretario del consejo de [Viejo] Arpegio.
Es cierto que un imputado, al igual que un acusado en un proceso penal, tiene derecho a no autoincriminarse, aunque se entiende que es en sus declaraciones. Pero de ahí a que esté al cargo de custodiar y remitir la documentación oficial que le ponga en entredicho hay un trecho bastante largo sobre el que Cristina Cifuentes está haciendo equilibrios bastantes cuestionables. Y tampoco queda muy claro qué hace un imputado en una empresa pública cuando el acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos establece que hay que apartarlos inmediatamente de los cargos políticos. Este periódico ha intentado hablar con los representantes de Ciudadanos en Madrid para que puedan explicar si se les ha pasado por alto este imputado, pero el éxito para contactar con ellos ha sido nulo.
El 5 de febrero de 2015, Francisco Esquivias fue interrogado por la Guardia Civil en el cuartel de Tres Cantos en calidad de testigo, pero el 16 de mayo de este año, el juez Eloy Velasco le imputa en un auto judicial, a petición de la Fiscalía. De hecho, estaba llamado a declarar, ya como investigado, el próximo día 14, pasado mañana, dentro de la pedrea de responsables de las mesas de contratación de Arpegio, aunque la citación ha quedado en suspenso tras el abandono de Eloy Velasco del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Hablamos del grupo de imputados entre los que está, por ejemplo, el viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz López. Hablamos del que era número dos de Jaime González Taboada, el hombre fuerte del Gobierno de Cifuentes, y el único que no ha sido imputado. Porque Taboada está aforado y llamarle a declarar, además de obligarle a dimitir por el pacto con Ciudadanos antes mencionado, supondría que el juez perdería la causa de Púnica relativa a Arpegio, pues tendría que enviarla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
