Los grupos parlamentarios del Congreso han aprobado este lunes por unanimidad un pacto de Estado contra la violencia de género que incluye doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años.
Todos los partidos han apoyado el dictamen de la subcomisión creada en la Comisión de Igualdad para alcanzar el acuerdo tras permanecer reunidos durante ocho horas y media con el fin de revisar algunas cuestiones pendientes como el concepto de violencia de género y el presupuesto.
En una rueda de prensa, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha calificado este pacto de Estado como "un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país". Maroto ha destacado que la solución al drama de la violencia de género es una exigencia de primer nivel en toda la sociedad, no hay precedente de que los partidos den una respuesta "con altura de miras" y el acuerdo "no es una recopilación de sugerencias, sino que viene acompañado de cantidades económicas".
Entre las medidas, las mujeres víctimas de violencia de género sin recursos y sin trabajo pueda tener seis meses de prestación por desempleo para poder dar un paso adelante en su nueva vida.
Todos los partidos han decidido que en todos los colegios haya asignaturas obligatorias para hablar de igualdad o que en las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial las asignaturas de violencia de género sean obligatorias y evaluables.También se ha acordado favorecer la coordinación en materia de sanidad para que los profesionales puedan interpretar adecuadamente los síntomas de la violencia de género.
Además, desde ahora, las calumnias y las injurias en relación a la violencia de género podrán disponer de penas propias para delitos cometidos en internet.
"En este momento, solo cabía una respuesta posible en materia de violencia contra las mujeres y era la unanimidad, la respuesta conjunta de los representantes del pueblo en el Congreso y el Senado para decir que esto es de todos y que la solución corresponde a todos", ha señalado el dirigente del PP.
Medidas aplicadas
Entre las medidas de protección de las victimas destaca una muy importante: la mujer maltratada no tendrá que presentar denuncia para acceder a ayudas sociales y recibir acompañamiento. Para ello, se pretende reformar el artículo 17 de la Ley Integral contra la Violencia de Género que define la acreditación de consideración de la víctima.
En este cambio los ayuntamientos tendrán un papel fundamental, ya que se encargarán de crear unidades de apoyo para identificar a las víctimas y ayudarles a dar el paso de la denuncia. Para ello, se recuperarán las competencias en violencias de género que les quitó la polémica ley de régimen local del PP -también se modificará esta norma-.
Con ello, el acuerdo también presenta reformas judiciales. Entre las más destacadas sobresale aquella que enuncia que la confesión del maltratador dejará de ser un atenuante que rebaje la pena. Esto se suprimirá.
Se prohibirán igualmente las visitas a la cárcel de los hijos al padre del maltratador y la formación de jueces, fiscales y equipos psicosociales será obligatoria.
Cambios en educación y deporte
Llama la atención que en el ámbito deportivo también se apliquen medidas. Por ejemplo, habrá sanciones administrativas para los clubes deportivos que permitan y consientan la apología de la violencia de género. Para ello se modificará la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte con el objetivo de que incluya como motivo de infracción y sanción los ataques sexistas y machistas.
En el ámbito educativo se exigirá también que los proyectos de dirección de cada centro escolar incluyan contenidos específicos sobre igualdad y contra la violencia machista.
