Urdangarin, de quien cada día sabemos más trapacerías ha sido el motor, indeseado, de que el monarca rectifique y asuma las obligaciones de una monarquía parlamentaria.
Parecía que el monarca iba a dar un paso en esa dirección en su larga marcha hacia la transparencia cuando en 2007 nombró a un interventor.
La designación para tal cargo de Óscar Moreno no justificó las expectativas despertadas a este respecto. El administrador se limitó, y no es poco, a poner orden en la administración de “La Casa” llevada hasta entonces de la forma más chapucera. Pero no aportó información alguna sobre sus auditorías.
Hasta ahora el Rey se había limitado a responder a los escándalos económicos familiares poniendo cortafuegos sucesivos entre su familia.
Tras el divorcio de la infanta Elena de Jaime Marichalar, otro yerno que no gozaba de una popularidad envidiable, La Casa procedió a apartarle de los actos de alta representación, fijando el primer cortafuegos.
Después, ante el justificado temor a los escándalos de Iñaki Urdangarin, casado con la infanta Cristina, Zarzuela “exilió” a la pareja a Washington.
Contó para ello con la colaboración de Telefónica que nombró al Duque de Palma consejero de Latinoamérica y presidente no ejecutivo de la Comisión de Asuntos Públicos, al parecer con una remuneración de un millón de euros al año. Fue el segundo cortafuegos.
Los servicios de prensa de la Casa Real emitieron un mensaje discreto de que la familia real se reducía a su núcleo duro, o sea al rey, a la reina, y a los príncipes de Asturias.
Un intento inteligente pero vano, pues lo quiera o no quiera palacio, la familia real, no la familia del Rey que tiene una dimensión más amplia, incluye también, por ley, a las infantas y a sus respectivos esposos.
Fue un intento insuficiente pues la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin seguían apareciendo en los actos solemnes de la Casa Real, como en la fiesta nacional del pasado 12 de octubre.
No hay que olvidar tampoco que las infantas seguían recibiendo un sueldo que sale de la asignación que los Presupuestos del Estado, unos honorarios que se mantienen en secreto.
Después de muchos años de rozar el tráfico de influencias, el esposo de la infanta Cristina, quizás confiado en su impunidad, ha sido pillado al socaire de las imputaciones de cohecho aplicadas a los ex presidentes de Baleares y Valencia Jaume Matas y Francisco Camps respectivamente.
Ayer anunció el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, que ha sido apartado de la agenda y de los actos oficiales de la familia real.
Respecto a los negocios de la familia real y de la familia del Rey existe una laguna legal, al no serles de aplicación normas sobre incompatibilidades entre los negocios de sus miembros y su papel institucional.
Es un asunto complejo pues la familia está permanentemente a la vista del pueblo soberano y no es fácil separar su vida privada de la representación simbólica que ostentan.
El enredo debería superarse con la discreción y buen sentido de la familia pero, mientras no se legisla algo al respecto, en última instancia debería ser el Rey, como jefe de la familia, quien autorice o desautorice determinadas actividades de sus miembros.
Don Juan Carlos, que se ha portado de forma intachable en sus obligaciones de rey constitucional, no ha sido muy exigente con el comportamiento de algunos miembros de su familia ni tampoco ha sido prudente en sus propios negocios.
En este caso, a la falta de transparencia se sumó la complicidad de la prensa. Afortunadamente se ha levantado el tabú sobre la monarquía. Demos gracias a Iñaki Urdangarin.
José García Abad es periodista y analista político
