A pesar de estos resultados escolares, reiteradamente reconocidos y elogiados por numerosas instituciones nacionales e internacionales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una interlocutoria mediante la cual ordena a la Generalitat que el castellano sea también lengua vehicular en la escuela pública catalana, respondiendo a una demanda presentada por una familia castellanohablante residente en Cataluña. Todavía no está claro si, como aseguran numerosos juristas, la decisión del TSJC afecta sólo a este caso concreto, o si, como afirman otros expertos, dicha interlocutoria deberá aplicarse de forma genérica y obligatoria a toda la enseñanza pública obligatoria en Cataluña. Si así fuese, sería el fin del sistema de la inmersión lingüística en catalán. De ahí que se haya abierto un intenso debate político y social, en el que únicamente dos partidos, PP y C’s, defienden a machamartillo que se ponga fin al actual sistema, mientras que tanto el Gobierno de la Generalitat y la federación nacionalista que lo integra, CiU, como las restantes formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña –esto es, PSC, ICV-EUiA, ERC y SI- mantienen su firme defensa del sistema de inmersión lingüística.
La reciente interlocutoria del TSJC, así como otras recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS), parece tomar como base la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en concreto esta frase: “El catalán debe ser la lengua vehicular de aprendizaje en la enseñanza pero no la única que goce de tal condición”, aunque añade también que el catalán debe ser “el centro de gravedad” del modelo educativo en Cataluña. La ambigüedad de este redactado ha generado una resolución jurídica que a su vez ha provocado un grave conflicto político y social donde no lo había. Porque, más allá incluso de sus más que demostradas bondades pedagógicas, la aplicación del sistema de inmersión lingüística en catalán ha permitido mantener en Cataluña la cohesión social ya desde las escuelas, sin que en ellas se produzca la segregación en grupos separados según cual sea la lengua familiar de cada alumno y con el resultado final de unos escolares que al término de sus estudios demuestran igual capacitación y solvencia lingüística en catalán y en castellano.
Para CiU, que desde el Gobierno de la Generalitat se enfrenta ahora al reto político de dar cumplida respuesta a esta decisión judicial, se presenta ahora un difícil dilema. Su por ahora indiscutible socio preferente en el Parlamento catalán, el PP, así como una formación tan minoritaria como C’s, le exige dar por finiquitado el actual sistema de inmersión lingüística, del que los nacionalistas catalanes siempre han hecho bandera. Mientras, el resto de los partidos catalanes –PSC, ICV-EUiA, ERC y SI-, cierran filas en su firme defensa de este sistema, que cuenta con el aval no sólo de todo tipo de instituciones pedagógicas nacionales e internacionales e incluso de anteriores sentencias judiciales, sino sobre todo de la muy positiva experiencia acumulada desde su implantación consensuada en las escuelas catalanas.
Jordi García-Soler es periodista y analista político
