Las tres mentiras sobre la huelga del 11N

Una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. Pero puede servir para ocultar lo que incomoda. Con la huelga general del 11 de noviembre se está intentando hacer precisamente eso. Se discute a quién beneficia, se cuestiona el momento y se buscan intenciones ocultas para no hablar de las razones que nos llevan a convocarla.

La primera mentira es que se trata de una huelga contra la oposición. La huelga interpela a todos los que tienen responsabilidades de gobierno en materia de vivienda y no las ejercen, a quienes han preferido proteger a los fondos buitre antes que a la ciudadanía, sea cual sea su color político. Presentarla como un ataque a la oposición permite esconder la responsabilidad de los gobiernos autonómicos. Todas las comunidades han asumido competencias en vivienda al amparo del artículo 148 de la Constitución. Con ese mismo argumento, las movilizaciones por la sanidad o la educación serían también protestas contra la oposición.

Estar en la oposición en el Congreso no exime de rendir cuentas por lo que se hace allí donde se gobierna. Ni por votar contra los llamados decretos Maricarmen, que intentaban limitar los alquileres y frenar los desahucios de personas vulnerables. Ni por negarse a aplicar la Ley de Vivienda para contener los precios, regular los pisos turísticos o proteger a las familias frente a los fondos buitre. Cuando se dispone de competencias y se renuncia a utilizarlas, se está tomando una decisión política que afecta a un derecho básico.

La segunda mentira consiste en descalificarla como una huelga política. Claro que queremos cambiar políticas. Queremos que la vivienda sea un derecho y deje de ser un negocio que expulsa a quienes necesitan habitarla. Y eso tiene mucho que ver con los salarios. Si pagar un techo no debería absorber más del 30% de los ingresos, como recogen los criterios de Naciones Unidas y nuestra Ley de Vivienda, necesitamos salarios que recuperen poder adquisitivo y medidas que contengan los precios. Sin freno a un mercado desbocado, las subidas salariales acaban en manos del casero.

La patronal también se refugia en la acusación de huelga política. Es la misma que sigue sin sentarse a negociar el VI AENC. A principios de año le pedimos por escrito que abriera la mesa y le presentamos una plataforma que incluye cláusulas de vivienda. Seguimos esperando una respuesta. Para justificar esa parálisis ha llegado a presentar un café como si fuera una negociación. Una conversación informal no sustituye una mesa ni permite acordar las condiciones de trabajo de millones de personas.

La huelga interpela también a la patronal. Tiene que explicar por qué se niega a negociar mientras los salarios pierden poder de compra y crecen los beneficios empresariales. Los de las empresas no financieras aumentaron un 30,9% en el primer semestre, según el Banco de España; la banca ganó casi 20.000 millones en seis meses, y los márgenes empresariales alcanzan el 12,8% de las ventas, frente al 10,5% de media entre 2009 y 2021. Con esos resultados, resulta difícil justificar que no haya margen para mejorar los salarios. Lo que falta es voluntad de repartir.

La tercera mentira es que, si no hicimos esta huelga antes, no hay motivo para hacerla ahora. ¿Cuándo, entonces? ¿Mientras pactábamos los ERTE de la covid, que salvaron más de tres millones de empleos? ¿Cuándo firmamos la reforma laboral, la actualización conforme al IPC de las pensiones, las subidas del SMI o el anterior AENC con la propia patronal? La coherencia consiste en acordar cuando es posible y movilizar cuando es necesario. La vivienda tampoco es una preocupación recién descubierta. La hemos llevado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y nuestro estudio sobre salarios y vivienda ya advirtió el año pasado de que la situación se volvía insostenible.

La imagen de Maricarmen, una anciana desahuciada después de haber pagado el alquiler durante más de setenta años, ha provocado un estallido social que se venía gestando desde hacía mucho tiempo. En ella se han reconocido quienes viven con el miedo de perder su casa, quienes no pueden acceder a una y quienes ven cómo su salario se consume en pagar un techo. La avaricia de quienes siguen enriqueciéndose a costa de esa angustia ha colmado la paciencia de mucha gente. Nuestra responsabilidad es recoger ese hartazgo y convertirlo en una reivindicación colectiva capaz de cambiar las cosas. Es nuestra obligación como sindicato de clase.

Se nos pide, por último, suspender la huelga por la tragedia de Urda. El respeto a las víctimas exige investigar lo ocurrido, esclarecer las responsabilidades y poner todos los medios para que no vuelva a suceder. Nuestra red ferroviaria necesita recursos humanos y materiales suficientes. Defender unos servicios públicos de calidad, unas pensiones dignas y la protección durante la enfermedad también nos lleva a esta huelga.

Una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira. El 11 de noviembre, la verdad sale a la calle.