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Pocas horas antes de su caída en el Congreso de los Diputados, el conocido como ‘decreto Maricarmen’ ha impedido que este viernes se produjera el desahucio de una mujer y su hijo de ocho años en Manresa (Barcelona) . Así lo ha confirmado la Confederació Sindical de l’Habitatge de Catalunya (COSHAC) después de que el juzgado haya suspendido la ejecución del lanzamiento al aceptar el recurso presentado el jueves por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) en base al decreto tumbado en la Cámara Baja, el cual incluía entre sus medidas la prohibición de desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
Con el caso de Lucélia y su hija en Manresa, son al menos cinco los desahucios que se han impedido en el conjunto del territorio español y dos en Cataluña durante los tan solo dos días en los que ha estado en vigor el decreto de vivienda aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El primero de los lanzamientos suspendidos se frenó este jueves en Barcelona, al cual se sumaron también otros tres detenidos en Mallorca.
El recurso de la PAH ha conseguido que el desahucio de Lúcelia, previsto para este viernes, haya sido suspendido hasta que el juzgado fije una nueva fecha para que se lleve a cabo. La mujer vive en el piso del número 38 de la calle Urgell de Manresa desde 2018 y lleva seis años enfrentada al fondo de inversión Gramina Homes, propietario de la vivienda. “Me quedé sin trabajo y tuve que ocupar el piso porque no tenía otra solución”, explica.
“Estoy aquí porque con los precios como van hoy en día es imposible poder pagar un alquiler. Por eso me encuentro en esta situación”, señalaba Lucélia este jueves en una protesta para frenar su desahucio, el cuarto al que se ha enfrentado. Anteriormente, en el año 2023, ya hubo tres intentos de que se produjera el lanzamiento.
A lo largo de los años en los que lleva residiendo en el inmueble, Lucélia habría intentado acceder a un alquiler social, pero no habría tenido ocasión debido a su imposibilidad de contactar con el fondo. “Lo he intentado de todas maneras porque yo lo que quiero es pagar. Si estoy aquí no es por querer, es por la necesidad”, asegura.
Según cuenta la propia Lucélia, su situación de vulnerabilidad la llevó a convertirse en la primera persona de Manresa en obtener un contador social que le garantizara los suministros básicos. “Pedí el contador por el mismo motivo por el que pido que pido un alquiler social. Yo quiero estabilizar mi situación. Trabajo y puedo pagar, pero los precios y las condiciones de mercado hacen que sea imposible conseguir un alquiler en Maresa”, detalla.
Concentración en frente de la sede de Junts
Con el objetivo de frenar el desahucio de Lucélia, un centenar de vecinos y activistas se han reunido a las 8.00 horas de este viernes frente a la vivienda, aunque finalmente no ha acudido la comitiva judicial, debido a la suspensión temporal del lanzamiento. La movilización para evitar el desalojo comenzó el jueves por la noche con una cacerolada en la plaza Valldaura convocada por la PAH a las 21.00 horas.
Después de concentrarse en frente de la vivienda en la que reside Lucélia, los manifestantes se han desplazado este viernes hasta la sede de Junts en Manresa para continuar la concentración con una pancarta en la que se podía leer “Especuladores y rendistas temblad”. Los protestantes han lanzado basura a la puerta del local de los posconvergentes.
El caso de Macarena en Barcelona, el primer desahucio frenado por el 'decreto Maricarmen'
El primer caso, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, de un desahucio frenado fue el de Macarena, una vecina de Barcelona que vive en un edificio de la calle Otger del distrito de Sant Andreu desde 2017 al haber llegado a un acuerdo verbal con el propietario. Según el Sindicat de Llogateres, la mujer pagaba 850 euros mensuales al casero, que en 2024 quiso subirle el alquiler. Ella a cambio le reclamó que se formalizara el contrato, pero el arrendador se negó.
El Sindicat de Llogateres afirma que el propietario no solo se negó a hacer un contrato formal, sino que además propuso a Macarena pagar el mismo importe que hasta el momento había pagado por el alquiler de toda la vivienda por tan solo una habitación. La vecina se opuso y desde entonces habría estado siendo acosada para expulsarla, llegando incluso a ser amenazada con cambiar la cerradura del inmueble.
El caso de Macarena fue trasladado a la Oficina de l’Habitatge de Sant Andreu, la cual habría ofrecido al propietario una subvención para reformar el inmueble ante su mal estado a cambio de que la vivienda pasase a formar parte de la bolsa de vivienda de alquiler del Ayuntamiento de Barcelona. El propietario también se negó a ello.
Estaba previsto que el desahucio de Macarena se ejecutara el jueves, pero el Sindicat de Llogateres presentó un incidente de suspensión reclamando que se aplicara el ‘decreto Maricarmen’ y se detuviera el desalojo. El juez admitió el recurso y paralizó de forma provisional el lanzamiento.
