Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Apenas unas horas más tarde de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los decretos aprobados el martes por el Consejo de Ministros tras la movilización social originada a raíz del desahucio de Maricarmen y que el viernes votará el Congreso de los Diputados ya han mostrado sus primeros efectos. En concreto, han permitido que este jueves se haya paralizado el lanzamiento de Macarena, una vecina de Barcelona en situación de vulnerabilidad que reside desde 2017 en un piso en la calle Otger del distrito de Sant Andreu como inquilina, del cual el propietario la intenta expulsar desde que la mujer intentara formalizar el contrato.
Así lo ha anunciado el Sindicat de Llogateres después de presentar a primera hora de este jueves un incidente de suspensión exigiendo la aplicación del decreto que recoge la adopción de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda, entre las cuales se incluyen la prohibición de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 y, por ende, la suspensión del lanzamiento. El juez ha respondido al recurso con la suspensión provisional del desalojo. Desde la organización se ha señalado que es del primer desahucio detenido gracias al conocido como ‘decreto Maricarmen’.
El de este jueves se trata del segundo intento de desahuciar a Macarena después de que el pasado mes de julio medio centenar de personas impidieran que se la expulsase de la vivienda en la que reside. La intención inicial del Sindicat de Llogateres era volver a frenar el desalojo mediante la movilización social, motivo por el cual un grupo de vecinos y activistas ha acudido esta mañana al lugar en el que se encuentra el inmueble. Sin embargo, al haber entrado ya en vigor los decretos, han podido conseguir que se suspendiera el lanzamiento por la vía judicial.
El caso de Macarena
Según explican fuentes del Sindicat de Llogateres, Macarena residía en el piso desde 2017 al llegar a un acuerdo verbal con su propietario para vivir en el inmueble pagando 850 euros al mes. Fue en 2024 cuando la situación se habría complicado para la vecina de Sant Andreu debido a que el casero habría intentado subirle el alquiler y ella habría reclamado que a cambio se le hiciera un contrato formal.
El dueño de la vivienda se habría negado a formalizar el contrato y le habría ofrecido pagar el mismo importe que llevaba abonando mensualmente desde 2017, pero por tan solo una habitación. El Sindicat de Llogateres detalla que Macarena rechazó la opción y, por ello, el propietario habría estado acosándola desde ese momento a la inquilina con el objetivo de echarla, llegando incluso a amenazarla con cambiar la cerradura de la vivienda.
A causa del conflicto, el caso de Macarena fue trasladado a la Oficina de l’Habitatge de Sant Andreu, la cual habría ofrecido al propietario una subvención para reformar el inmueble ante su mal estado a cambio de que la vivienda pasase a formar parte de la bolsa de vivienda de alquiler del Ayuntamiento de Barcelona. Esta propuesta tampoco llegó a ningún lugar.
El Sindicat de Llogateres exige la aprobación de los decretos
Tras lograr frenar el desahucio de Macarena, el portavoz del Sindicat de Llogateres Enric Aragonès ha asegurado que la suspensión del lanzamiento se ha producido gracias al “estallido de rabia que comenzó la semana pasada” provocado por “ver a compañeras sufriendo tanto, resistiendo tanto y luchando tanto”. Desde el punto de vista de Aragonès, la movilización ha hecho que haya partidos que se hayan visto obligados a hacer cosas a las que antes se habían negado.
Por otro lado, Aragonès ha instado a los partidos del Congreso a aprobar este viernes los dos decretos en materia de vivienda para que sigan adelante, remarcando que las formaciones “mañana deben apretar un botón” para evitar que Macarena y otras personas en su situación se vean obligadas a dormir en la calle. En este sentido, el Sindicat de Llogateres ha convocado a las 20.00 horas una cacerolada en la plaza Catalunya de Barcelona para exigir a los grupos parlamentarios la convalidación de ambos decretos.
