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ANÁLISIS
España

Feijóo y el arte de cambiar de versión: del narco Marcial Dorado a las pensiones y las cesiones a Vox

Las explicaciones de Feijóo sobre Marcial Dorado, las pensiones, Vox y la economía chocan con su hemeroteca y las decisiones del PP

ELENA HERREROS
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El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. EP.

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. EP.

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Alberto Núñez Feijóo afronta la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre prometiendo bajadas de impuestos sin aclarar cómo financiará los servicios públicos ni cómo cuadrará las cuentas. Pero cuando le toca dar explicaciones sobre su trayectoria, las respuestas tampoco encajan. Asegura que desconocía los antecedentes de Marcial Dorado pese a que este había sido detenido en la Operación Nécora en 1990; minimiza los viajes que compartieron y sigue sin aclarar los contratos de empresas vinculadas al narcotraficante con la Xunta. Promete garantizar las pensiones mientras su portavoz advierte de que el sistema "va a petar" y evita concretar qué estaría dispuesto a ceder a Vox pese a los acuerdos que su partido ya ha firmado con la extrema derecha. 

Sus entrevistas en El Hormiguero, con Pablo Motos, y The Wild Project, con Jordi Wild, han permitido volver sobre estas contradicciones. Feijóo ha hablado de economía, pensiones, absentismo, Pedro Sánchez, Vox y, cómo no, de Marcial Dorado. Sobre este último asunto, que le persigue desde que El País publicó en marzo de 2013 las fotografías de ambos navegando juntos, el presidente del PP vuelve a tropezar con un problema elemental: las fechas.

La cuestión no es que Feijóo no pueda cambiar de opinión. Los políticos tienen derecho a hacerlo. La cuestión es que, cuando cambian las explicaciones, conviene comprobar qué versión encaja con los documentos.

Marcial Dorado: una amistad que no cabe en una fotografía

El 13 de noviembre, Jordi Wild preguntó a Feijóo por su relación con Marcial Dorado. La respuesta fue una nueva versión de un relato que lleva más de trece años intentando cerrar: "Conocí a esta persona cuando no tenía nada que ver con el narcotráfico". Añadió que entonces se decía que Dorado se había dedicado al contrabando de tabaco, que se lo presentó un compañero de la Xunta y que, de vez en cuando, comían juntos o recorrían Galicia. Según aseguró, rompió la relación cuando supo que tenía un juicio pendiente por contrabando.

La explicación tiene un inconveniente: Dorado ya había sido detenido en 1990 en la Operación Nécora, cinco años antes de las fotografías que acreditan que ambos compartían tiempo de ocio en el verano de 1995.

No es una interpretación de la oposición ni una información aparecida décadas después en internet. El 19 de julio de 2023, El País reconstruyó cómo la trayectoria de Dorado había aparecido en numerosos reportajes desde los años ochenta. En 1989 ya se publicaban noticias sobre sus conexiones con redes de contrabando y posibles vínculos con organizaciones delictivas. En junio de 1990, el juez Baltasar Garzón dirigió la Operación Nécora, una investigación contra el narcotráfico gallego en la que Dorado fue detenido.

Conviene introducir una precisión jurídica: Dorado quedó en libertad y no fue condenado en aquella operación, aunque sí en causas posteriores. Una detención no equivale a una condena. Pero cuando Feijóo sostiene que Dorado no tenía nada que ver con el narcotráfico durante los años en los que mantuvieron su relación, omite que ya había sido detenido en una operación policial dirigida contra esas redes.

Y esa omisión no es menor. Feijóo no era un particular que hubiera conocido casualmente a alguien en una terraza. Era un alto cargo de la Administración gallega. Durante su etapa en Sanidade, estuvo vinculado a un departamento que también tenía responsabilidades en las políticas de lucha contra la droga.

La cronología resulta incómoda para su explicación. Dorado fue detenido en 1983 en una operación contra el contrabando de tabaco. En 1989 aparecieron informaciones sobre sus actividades y posibles conexiones internacionales. En 1990 fue detenido en la Operación Nécora y en 1992 volvió a figurar en actuaciones contra el contrabando. Las fotografías con Feijóo son de 1995. En 2003 fue detenido nuevamente en una investigación por narcotráfico; en 2009, la Audiencia Nacional lo condenó por ese delito y, en 2011, el Tribunal Supremo confirmó la condena.

Por tanto, no es correcto contar la historia como si el narcotráfico hubiera aparecido de repente en la vida de Dorado varios años después de que terminara su relación con Feijóo. La detención de 1990 era anterior a las fotografías y estaba documentada públicamente.

Feijóo ha recurrido en otras ocasiones a una explicación que se hizo célebre: entonces no existía Google. Es verdad. Lo que también existía era la prensa. Y los periódicos publicaban noticias sobre Dorado mucho antes de que el actual líder del PP compartiera con él vacaciones y jornadas de navegación.

La pregunta no es si Feijóo tenía que conocer cada detalle de una investigación judicial, sino por qué presenta aquella relación como una amistad con alguien ajeno al narcotráfico cuando esa persona ya había sido investigada en una operación contra ese delito.

No fue una fotografía: fueron viajes, vacaciones y varios años de relación

Cuando El País publicó las primeras fotografías en marzo de 2013, Feijóo intentó minimizar la relación. Presentó las imágenes del barco de Dorado como un error de juventud y aseguró que sus contactos se limitaban a determinados momentos de ocio.

Pero no se trataba de una instantánea aislada. Había fotografías de ambos en la ría de Vigo, los Picos de Europa, Ibiza y Canarias. La relación incluía visitas a la casa de Dorado, comidas, cenas y vacaciones.

El propio Feijóo lo reconoció en el Parlamento gallego el 10 de abril de 2013. Admitió que había viajado con Dorado a Picos de Europa, Tenerife, Baleares y Portugal. Aseguró que su relación se limitaba al ocio, pidió disculpas y sostuvo que había roto el contacto cuando supo que estaba relacionado con el narcotráfico.

En julio de 2025, Dorado ofreció nuevos detalles en una entrevista con El Confidencial. Relató que habían compartido viajes a Picos de Europa, pasado dos fines de año en Estoril y estado en Ibiza en dos ocasiones. También habló de las embarcaciones Oratus y Mencalina y confirmó que Feijóo había viajado en ambas.

Describió asimismo visitas a su casa de la playa en Baiona y encuentros en los que participaban otras parejas. Según su versión, se trataba de una relación social que incluía vacaciones y reuniones privadas.

El asunto económico tampoco quedó aclarado. Preguntado por quién pagaba aquellos viajes y si invitaba a Feijóo, Dorado respondió: "Algo pagaría él". Añadió que podía permitirse pagar más y que, cuando podía, lo hacía. Su testimonio apunta, por tanto, a que asumió parte de los gastos.

En 2013, Feijóo llegó a afirmar que no había mantenido con Dorado una amistad "ni ancha ni estrecha". Resulta una descripción curiosa para alguien con quien compartió embarcaciones, vacaciones y encuentros privados durante varios años.

También existen discrepancias sobre cuándo terminó aquella relación. Feijóo ha situado el final de los contactos en torno a 1997 o 1998, aunque mencionó un último encuentro en el funeral de Manuel Cruz, en 1999. Dorado sostiene que la relación se prolongó aproximadamente hasta 2002.

El juez José Antonio Vázquez Taín afirmó en 2013 que se habían interceptado conversaciones entre ambos en 2003 y 2004, aunque no se incorporaron transcritas a los atestados.

Lo que está documentado es una relación social de varios años, con viajes y vacaciones reconocidos por el propio Feijóo. Bastante más que una fotografía incómoda.

Los contratos de la Xunta: las gasolineras de Dorado y las ambulancias del Sergas

La historia no termina en las vacaciones. Hay otra cuestión que afecta a la responsabilidad institucional de Feijóo: las relaciones económicas entre empresas vinculadas a Marcial Dorado y la Administración gallega.

Una investigación publicada por Público en julio de 2025 recuperó los suministros de combustible que empresas vinculadas a Dorado realizaron para el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Las sociedades señaladas son Petrogalicia y Xatevín, relacionadas con estaciones de servicio situadas en Caldas de Reis y en el puerto deportivo de A Illa de Arousa.

Según el periódico, estas empresas suministraban gasolina para ambulancias del Sergas y gasóleo para la calefacción de hospitales públicos. Añade que en las mismas estaciones se abastecían vehículos y embarcaciones utilizados por la organización de Dorado para actividades de contrabando y narcotráfico, de acuerdo con las investigaciones policiales y judiciales.

El dato resulta relevante por el cargo que ocupaba Feijóo. Era secretario general de la Consellería de Sanidade, dirigida por José Manuel Romay Beccaría, y tenía una posición de primer nivel dentro de su estructura administrativa.

¿Qué papel desempeñó en la supervisión de aquellos suministros? ¿Conocía las relaciones comerciales de la Administración con empresas de Dorado? ¿Firmó, supervisó o autorizó algún expediente?

La documentación reclamada sobre aquellos contratos no se ha hecho pública en su totalidad. En 2013, tras la publicación de las fotografías, la oposición solicitó los expedientes correspondientes al periodo 1992-1998. El Sergas alegó que reunirlos era extremadamente complicado. El número dos de Sanidade llegó a calificar los documentos como "inmanejables".

La Xunta sí facilitó una cifra: durante los veinte años anteriores, las contraprestaciones y ayudas económicas comunicadas a empresas vinculadas a Dorado ascendían a 294.143 euros.

Sigue faltando una explicación documental completa de las condiciones de aquellas contrataciones, los expedientes, las facturas y los responsables de cada procedimiento.

No se trata de responsabilizar penalmente a Feijóo por el mero hecho de haber ocupado un cargo. Se trata de exigir transparencia a quien ha hecho de la ejemplaridad una de sus principales banderas políticas. Porque, cuando pide explicaciones a sus adversarios, suele reclamar hasta el último papel. Cuando los documentos afectan a su propia trayectoria, encontrarlos parece bastante más complicado.

Las pensiones: Feijóo tranquiliza mientras su portavoz anuncia el colapso

En El Hormiguero, Feijóo prometió que, si gobierna, actualizará las pensiones conforme al IPC. En su entrevista con Jordi Wild reiteró ese compromiso y defendió que el sistema público es viable si la economía crece de manera saludable.

El problema es que su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, había afirmado en octubre que el sistema actual "va a petar" y necesita una reforma valiente porque no funciona.

Mientras la portavoz presenta un sistema abocado al colapso, el presidente del partido intenta tranquilizar a los pensionistas. Feijóo también habló de los 50.000 millones de euros que se transfieren al sistema de pensiones y presentó esa cantidad como un indicador de su déficit.

Pero esas transferencias tienen una explicación. El sistema se financia mediante cotizaciones sociales y aportaciones del Estado, destinadas a cubrir determinadas obligaciones y gastos. No todo el dinero transferido puede calificarse sin más como un agujero financiero o una prueba de insolvencia.

La sostenibilidad de las pensiones exige analizar ingresos, gastos, demografía, empleo, salarios y transferencias presupuestarias. No basta con citar una cantidad de miles de millones para dar a entender que el sistema está a punto de quebrar.

Feijóo asegura, además, que no pretende elevar obligatoriamente la edad de jubilación por encima de los 67 años, aunque quiere facilitar que quienes lo deseen continúen trabajando.

¿Qué reforma concreta propone entonces el PP? ¿Qué ingresos adicionales contempla? ¿Qué gastos pretende reducir? ¿Qué cambios aplicaría a las cotizaciones y las prestaciones?

La contradicción entre las declaraciones de Feijóo y las de su portavoz merece una explicación. Quizá el líder del PP haya seguido los consejos de Eduardo Inda.

En Horizonte, el director de Okdiario aconsejó a Feijóo que evitara explicar sus planes antes de las elecciones y esperara a estar formando Gobierno. "Que hablen el día 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 10 de enero, cuando ya estén formando Gobierno", reclamó.

Inda recordó que en 2023 la franqueza sobre los recortes del Estado del bienestar pasó factura al PP y advirtió del peso electoral de los más de diez millones de pensionistas. Su consejo fue todavía más explícito: "Tienes que ser listo como pillos, un futbolista... no tienes que ser franco".

Una recomendación difícilmente más reveladora: primero conseguir los votos y después explicar qué se piensa hacer con las pensiones. Mientras tanto, Feijóo pide esfuerzos a los españoles en sus mítines y su portavoz advierte de que el sistema "va a petar". La transparencia, al parecer, puede esperar hasta después del recuento.

El PP debería aclarar si comparte el diagnóstico alarmista de Ester Muñoz o el mensaje tranquilizador de su presidente. Las dos versiones no pueden sostenerse simultáneamente en los términos en que se han planteado.

Vox: Feijóo dice que no ha negociado, pero conocemos sus cesiones

En The Wild Project, Feijóo aseguró que no había hablado con Vox sobre ministerios y que no quería "vender la piel del oso antes de cazarlo". También reconoció que considera algunas carteras innegociables, aunque se negó a identificarlas.

Al mismo tiempo, anunció que en su Gobierno no habrá ministerios de Igualdad ni de Vivienda. Una decisión que revela qué lugar pretende reservar a dos asuntos fundamentales: la igualdad de las mujeres y la crisis de la vivienda, uno de los grandes conflictos sociales que atraviesan estas elecciones. Suprimir esas carteras transmite, como mínimo, un escaso interés por mantenerlas con entidad propia en el Ejecutivo.

La pregunta es por qué deberíamos creer que no habrá cesiones a Vox cuando el PP ya ha demostrado su disposición a negociar gobiernos, consejerías y programas políticos con Santiago Abascal.

No hace falta especular sobre lo que podría suceder en La Moncloa. Basta con mirar los acuerdos autonómicos.

En 2023, el PP pactó gobiernos con Vox en la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia. En Castilla y León ya había formado una coalición en 2022. No fueron simples acuerdos de investidura: incluyeron reparto de responsabilidades institucionales y compromisos programáticos.

En la Comunidad Valenciana, un pacto de 50 medidas permitió a Vox ocupar una vicepresidencia y varias consejerías. El documento introducía el concepto de "violencia intrafamiliar" y comprometía cambios en memoria democrática, educación y subvenciones. También contemplaba la derogación de determinadas normas, una ley de señas de identidad y modificaciones en las políticas educativas sobre la elección de lengua.

En Aragón, el acuerdo de 80 medidas incluía la derogación de la Ley de Memoria Democrática, cambios en las políticas de igualdad y mecanismos de apoyo a la familia bajo el concepto de violencia intrafamiliar.

En Extremadura, María Guardiola, que inicialmente había afirmado que no gobernaría con Vox, terminó firmando un acuerdo que permitió a la formación de Abascal entrar en el Ejecutivo. En Castilla y León, Vox obtuvo la vicepresidencia y varias consejerías. En Murcia también hubo reparto de responsabilidades.

El último ejemplo es Andalucía. Juanma Moreno, que durante años construyó una imagen de moderación y llegó a gobernar con mayoría absoluta, terminó pactando de nuevo con Vox. El 2 de julio de 2026, ambas formaciones firmaron un acuerdo que permitió su investidura con 68 votos.

Vox entró en el Ejecutivo andaluz con una vicepresidencia y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con competencias valoradas en unos 1.200 millones de euros. El pacto incluye 150 medidas, entre ellas la denominada "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas y vivienda protegida, restricciones a las subvenciones de organizaciones que trabajan con inmigrantes y cambios en memoria democrática.

No es un acuerdo de investidura sin consecuencias. Es un Gobierno de coalición con reparto de poder y compromisos programáticos. Con Andalucía, son seis las comunidades en las que el PP ha llegado a acuerdos de gobierno con Vox en los episodios descritos.

En julio de 2024, El País publicó un balance de las cesiones del PP a Vox y documentó cómo algunas medidas seguían vigentes incluso después de que la extrema derecha abandonara varios gobiernos autonómicos.

Por eso resulta insuficiente que Feijóo asegure que no ha negociado ministerios. Lo relevante es qué modelo de Gobierno está dispuesto a construir si necesita los votos de Vox.

Su respuesta a Jordi Wild tampoco despejó las dudas. Reconoció que hay ministerios innegociables, pero no quiso identificarlos. También aseguró que Vox se ha ido "modulando y ajustando" y que, en las comunidades donde gobiernan juntos, se cumplen los pactos establecidos.

La frase es reveladora: no niega las cesiones, sino que las reivindica como compromisos cumplidos.

El PP puede asegurar que no habrá un ministerio de Igualdad, pero no puede presentar su relación con Vox como una garantía de independencia después de haber compartido gobiernos y aplicado políticas acordadas con la extrema derecha.

El absentismo y los 20.000 millones: convertir una sospecha en una cifra

Otra de las afirmaciones de Feijóo en su entrevista con Jordi Wild fue que el absentismo laboral cuesta 20.000 millones de euros y que existe fraude en las bajas médicas.

El líder del PP señaló que los trabajadores por cuenta ajena faltan más los lunes y los viernes y sostuvo que una reducción del absentismo permitiría ahorrar entre 10.000 y 12.000 millones de euros para las pensiones.

El absentismo merece atención, pero una cosa es hablar de ausencias laborales y otra convertirlas en una acusación generalizada de fraude.

Las estadísticas incluyen ausencias por enfermedad, incapacidades temporales y otras causas justificadas. No se puede equiparar una baja médica acreditada con una ausencia fraudulenta.

Feijóo no aportó pruebas que permitieran atribuir 20.000 millones de euros a un fraude generalizado en las bajas laborales. Tampoco explicó suficientemente la metodología utilizada para alcanzar esa cifra ni cómo se obtendría el supuesto ahorro destinado a las pensiones.

La diferencia entre absentismo total, incapacidad temporal y fraude es esencial. Mezclar esos conceptos permite construir un mensaje político eficaz: hay trabajadores que faltan, el sistema pierde dinero y ese dinero podría destinarse a las pensiones. Pero la eficacia del mensaje no sustituye a su demostración.

Si el candidato quiere combatir el fraude, debería empezar por aportar datos que permitan cuantificarlo y distinguirlo de las ausencias justificadas.

La economía y las cuentas públicas: las cifras que se cuentan a medias

Feijóo también ha cuestionado el crecimiento económico español y sostiene que se debe fundamentalmente al aumento de población y de trabajadores extranjeros, no a una mejora de la productividad.

Es cierto que la inmigración y el aumento de la población ocupada explican una parte relevante del crecimiento. Pero de ahí no se deduce que la productividad haya caído.

Los datos del Consejo de la Productividad de España muestran que la productividad por hora trabajada ha mejorado en los últimos años.

El líder del PP también ha utilizado el aumento nominal de la deuda pública para denunciar un supuesto descontrol de las cuentas. La deuda en euros ha aumentado, pero su peso respecto al PIB ha descendido desde los máximos de la pandemia.

No es lo mismo afirmar que la deuda nominal ha crecido que sostener que su peso relativo sobre la economía ha aumentado en la misma proporción. Omitir esa diferencia no convierte automáticamente una cifra en falsa, pero puede hacer engañosa su presentación.

Hay otra contradicción en la entrevista con Jordi Wild. Feijóo promete rebajas fiscales, pero reconoce que no puede asegurar que las aplique hasta conocer el estado real de las cuentas públicas. Dice que no se cree los datos del Gobierno y denuncia una ocultación de gasto.

En otras palabras: promete bajar impuestos, pero no puede garantizarlo; acusa al Ejecutivo de ocultar información, pero todavía no dispone de la auditoría con la que pretende justificar sus decisiones.

Una promesa electoral condicionada no es necesariamente un engaño. Sin embargo, convendría que los ciudadanos supieran qué parte del programa fiscal del PP es un compromiso firme y cuál depende de unas cuentas que el propio candidato dice desconocer.

Una campaña contra la hemeroteca

El problema de Feijóo no es que los periodistas le pregunten por fotografías antiguas, por las pensiones o por sus pactos con Vox. Es que sus respuestas dejan contradicciones que la hemeroteca permite comprobar.

El PP pretende presentar a su candidato como un referente de moderación, solvencia y credibilidad frente a un Gobierno al que acusa de mentir. Pero la credibilidad no se obtiene repitiendo que uno es moderado, igual que la honradez no se demuestra cuestionando la de los demás.

Se demuestra respondiendo a las preguntas incómodas, facilitando documentos y manteniendo una versión coherente de los hechos.

A estas alturas, Feijóo debería saber que no basta con cambiar el escenario de una entrevista para que cambie la historia. Puede acudir a un plató de televisión, a un pódcast o a una conversación distendida con un youtuber. Puede elegir la cámara que prefiera. Lo que no puede elegir es qué fechas aparecen en la hemeroteca.

Y esa es, probablemente, la parte más incómoda de esta precampaña para el candidato del PP: que cada vez que intenta explicar su pasado o tranquilizar sobre su futuro, termina dejando más preguntas que respuestas.

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