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El Gobierno anuncia la aprobación de la prórroga ampliada de dos años de los contratos de alquiler, su renovación automática, la prohibición de comprar viviendas a los fondos buitre hasta 2028 y la paralización de los desahucios hasta el año 2030, entre otras medidas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos-ley para abordar la crisis de vivienda, como habían avanzado fuentes de Sumar y confirmado desde La Moncloa.
Las medidas de vivienda que exigen las calles en las acampadas y movilizaciones alentadas por el desahucio de Maricarmen irán, finalmente, en dos textos separados, después de que los partidos del Gobierno y sus socios hayan llevado las negociaciones hasta pasada una hora de la prevista para el arranque de la reunión. Movimientos sociales como el Sindicato de Inquilinas ya han anunciado que rechazan esta decisión. Ambos textos se votarán el viernes en la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados que ha solicitado el Ejecutivo.
El primero de estos decretos incluye el grueso de medidas que Moncloa espera que convalide el Congreso, aunque los apoyos de Junts, el PNV y los partidos de izquierdas siguen sin estar garantizados. Estas incluyen, además, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y las bonificaciones fiscales a los caseros e inquilinos.
El segundo texto incluye la medida más conflictiva en la negociación, que los movimientos de vivienda y Sumar situaban como la línea roja. Se trata de la renovación automática de los contratos de alquiler para, en la práctica, convertirlos en indefinidos. El PSOE lo ha aceptado, tras horas críticas con el socio minoritario, pero lo lleva en un texto separado a sabiendas de que es casi imposible que la derecha nacional e independentista la apruebe el viernes.
