Una de las condiciones que puso Junts en el inicio del curso político para volver al bloque de investidura es la tramitación, por parte del Presidente del Gobierno, de una moción de confianza.
Es bastante absurdo, en términos políticos y constitucionales, que 7 diputados, por muy imprescindibles que sean para el ejecutivo, traten de imponer una medida de control parlamentario del calado que implica una moción de confianza.
Sólo al presidente del Gobierno le corresponde adoptarla, ya que, si se votara en el parlamento, y no consiguiera mayoría, está constitucionalmente obligado a dimitir.
Para entenderlo mejor, el partido que tiene los votos de oro en el bloque de investidura, y que ha perdido cualquier tipo de compromiso político con el bloque de investidura, pero que también ha perdido la mayoría de los resortes que le permitían obtener réditos partidistas a cambio de la cesión de sus votos para las iniciativas del gobierno, quiere recuperar la ventaja negociadora que perdió hace tiempo.
Como es rematadamente absurdo tratar de pedirle a tu contraparte en una negociación que entregue la posición de ventaja de la que dispone, los de Puigdemont han optado por demostrarle al presidente Sánchez, en la masacre de decretos fallidos del pasado miércoles, que está obligado a aceptar este chantaje y negociar los presupuestos del Estado siendo rehén de una moción de confianza que, de no salir exitosa, le expulsaría de la Moncloa, y llevaría a una nueva negociación de investidura en la que Junts aspira a conseguir mejores y mayores beneficios para ellos, y que transcurridos a los dos meses sin acuerdo, conducirían a elecciones anticipadas, sin que la derecha catalana se manche las manos acompañando a VOX y al PP en una moción de censura.
Por más que le sorprenda a Puigdemont, Pedro Sánchez no se va a prestar a reiniciar la negociación de presupuestos regalándole una ventaja de tal calado.
Pero el PSOE no puede pensar que basta con negarse a este juego tramposo de la confianza y seguir como si nada hubiera cambiado, es obvio que las motivaciones de los actores políticos del bloque de investidura que les llevaron a votar a favor, han cambiado, y mucho, por tanto, el PSOE no puede más que hacer de la necesidad virtud, si es que quiere hacer algo más que competiciones de relatos de corto plazo.
Hacer de la necesidad implica reordenar las prioridades de políticas públicas que incorporaban tanto los reales decretos tumbados, como los presupuestos y las leyes que necesita para llegar a 2027, y reiniciar negociaciones que le lleven a alianzas variables, en función del contenido y los intereses de los diferentes actores que, si el gobierno es inteligente, ya no son de bloque, sino que, serán de parte.
No hay mejor estrategia en cualquier negociación con múltiples actores que ir desagrupando a los actores de oposición para ir logrando alianzas puntuales que te permitan obtener tus objetivos. Pero, además, en el caso particular del PSOE, obligar a los grupos de oposición, estable o coyuntural, a gestionar la contradicción entre sus intereses particulares y los intereses del país, día a día, caso a caso, votación a votación, es una oportunidad de desarticular y desinflar el bloque antisanchista y de reforzar el electorado progresista.
Pero para conseguir esto es imprescindible que el sanchismo resuelva también su propia contradicción entre sus intereses particulares y los intereses del país.
