En unos días empieza el nuevo curso universitario en Andalucía. Pero este año, si quieres estudiar dos de las carreras con más futuro —Ingeniería Biomédica o Inteligencia Artificial—, tendrás que pagar como si fuera un coche de lujo. Moreno Bonilla ha vetado que estas titulaciones se impartan en las universidades públicas y las ha concedido en exclusiva a las privadas. Resultado: estudiar Ingeniería Biomédica costará 38.080 euros y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, 46.000 euros.
Esto significa que, aunque fuera tu vocación, aunque fuera tu sueño, si tu familia no tiene recursos económicos suficientes, olvídate. Solo quienes puedan pagar 1.000 euros al mes durante cuatro años tendrán acceso. El resto, salvo que se endeuden de por vida, quedará fuera. Así, el gobierno de Moreno Bonilla rompe la igualdad de oportunidades y convierte la universidad en un negocio para unos pocos.
El Ministerio de Ciencia y los rectores de las universidades de Granada (UGR) y Jaén (UJA) intentaron que estos grados se impartieran en la pública. Presentaron proyectos sólidos, con financiación garantizada en algunos casos, como el de la UGR en Melilla, respaldado por 10 millones de euros de la Ciudad Autónoma.
Pero Moreno Bonilla dijo no. No hay justificación clara: si el grado se ha aprobado para la privada, ¿por qué no también para la pública? Nada impedía que coexistieran, ofreciendo al alumnado la posibilidad de elegir. Pero la realidad es que en Andalucía, si quieres estudiar estas dos carreras punteras, tendrás que pasar por caja.
Los números hablan por sí solos. Ingeniería Biomédica en la Universidad Loyola, privada y de carácter jesuita, cuesta 9.520 euros al año. En total, 38.080 euros si todo se aprueba a la primera. El grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad Alfonso X El Sabio de Málaga costará 11.500 euros anuales, es decir, 46.000 euros en total.
Y eso solo es el gasto en matrículas. A ello hay que sumar materiales, transporte y, en la mayoría de los casos, alquiler de vivienda en otra ciudad. Entre todo, la factura anual se acerca o supera a los 20.000 euros.
Desde la derecha, algunos intentarán vender que “tampoco es tanto” y que una familia, si se esfuerza, puede pagar ese dinero. Pero la realidad en Andalucía desmonta ese mito. Según CCOO, el salario medio mensual en la comunidad es de 1.751 euros, un 11,9% inferior a la media nacional, y ha bajado en términos reales desde que Moreno Bonilla llegó a la Junta.
Andalucía lidera la pobreza laboral en España: un 19,4% de sus trabajadores son pobres, es decir, tienen empleo, pero sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes. Pretender que estas familias puedan destinar más de la mitad de su sueldo a pagar una carrera universitaria es, sencillamente, ignorar la realidad.
La situación se agrava con el precio de la vivienda. En el último año, los alquileres en Andalucía han subido un 10,3%. Eso son 150 euros más al mes de media. Y hablamos de media, porque en Málaga y Sevilla las subidas han sido aún mayores. El alquiler de un piso de 80 metros cuadrados cuesta ya, de media, 930 euros al mes. Si un estudiante tiene que desplazarse para cursar estos grados, entre alquiler, matrícula y gastos básicos, el coste se dispara y se vuelve imposible para la mayoría.
Los primeros titulados en Ingeniería Biomédica y en Inteligencia Artificial en Andalucía saldrán de universidades privadas. Si en el futuro, por presión social Moreno Bonilla permite que estas titulaciones lleguen a la pública, ya será tarde: el mercado laboral inicial estará ocupado por los que pudieron pagar desde el primer día. Así es como se rompe la igualdad de oportunidades: no porque unos tengan más talento o trabajen más, sino porque tuvieron la suerte de nacer en un hogar que podía pagar.
Los rectores de la UGR y la UJA han calificado la decisión de la Junta como un “atropello” y una “pésima noticia” que daña el prestigio de ambas instituciones. Denuncian que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), dependiente de la Consejería de Universidades, ha rechazado estas titulaciones con argumentos débiles o directamente erróneos.
En el caso de la UJA, su rector, Nicolás Ruiz, ha señalado que la negativa no está sustentada en un análisis riguroso y que incluso se han cometido errores de bulto sobre cómo estaba planteada la formación dual. En el de la UGR, la universidad lamenta que no se haya comprendido la dimensión estratégica del grado en Inteligencia Artificial, que no solo beneficia a Granada, sino también a Melilla, donde estaba previsto impartir parte de la docencia.
Este episodio no es aislado. Forma parte de la estrategia política de Moreno Bonilla de deteriorar la universidad pública para favorecer el negocio de la privada. Para ello mantiene infrafinanciadas a las universidades públicas, incumple acuerdos de financiación y, al mismo tiempo, autoriza y facilita el crecimiento de las privadas.
El propio rector de la UJA ha advertido que el acuerdo de financiación firmado con la Junta podría no cumplirse y que, si eso ocurre, las universidades públicas tendrán que tomar medidas para garantizar su supervivencia.
En una comunidad que ya sufre salarios bajos, alquileres disparados y una alta tasa de pobreza laboral, decisiones como esta aumentan las brechas sociales. No se trata solo de quién estudia qué, sino de quién tendrá acceso a los empleos mejor pagados y más demandados en el futuro.
Negar estas titulaciones a la pública no perjudica solo a las universidades implicadas. Perjudica a toda Andalucía, porque limita la formación de su población y la capacidad de competir en sectores clave como la Ingeniería Biomédica o la Inteligencia Artificial. Moreno Bonilla ha dejado claro que para su gobierno la universidad no es un derecho, sino un negocio.
La defensa de la universidad pública no es ideología, es sentido común. Un territorio no puede permitirse expulsar de las titulaciones estratégicas a la mayoría de su población. No podemos aceptar que estudiar carreras de futuro dependa del dinero que tengas, y no de tu capacidad o vocación.
En septiembre, cuando se inaugure el curso con discursos y fotos oficiales, habrá jóvenes que estarán sentados en un aula privada gracias a que sus familias han podido pagar 40.000 o 46.000 euros. Y habrá otros, igual de preparados y motivados, que estarán fuera porque la Junta de Andalucía decidió que esos estudios no eran para todos. Eso no es apostar por el futuro, es venderlo al mejor postor.
