Una ley que, al no tener carácter retroactivo sería perfectamente inútil para rectificar los abusos producidos. A buenas horas, mangas verdes.

Sorprende esta propuesta por proceder de un personaje que había denunciado en numerosas ocasiones la inflación legislativa española.

Con toda razón. El Gobierno y de forma muy especial el Banco de España tienen herramientas suficientes para gobernar sin modificar las leyes.

A veces remitir la solución de un problema a una ley es una forma de desplazar hacia arriba las propias responsabilidades, una triquiñuela comparable a rebotarlas sobre el colega de otras entidades o a la de crear una comisión. Una técnica para deslazar y aplazar las cuestiones  que exigen una solución inmediata.

Uno echa de menos aquellos tiempos en los que un gobernador del Banco ponía firmes a los banqueros que temblaban con el único instrumento de fruncir el ceño.

El mandato de MAFO concluye después de las elecciones que llevarán un nuevo gobierno a La Moncloa con el que tendrá que coexistir si no dimite antes.

Se produce una cohabitación similar a la que se encontró José Luis Rodríguez Zapatero que tuvo que cohabitar hasta 2006 con Jaime Caruana, el gobernador impuesto por Rodrigo Rato. Por cierto tan responsable como MAFO de no atajar la burbuja inmobiliaria.

Semejante cohabitación no presenta en principio inconveniente alguno, sino todo lo contrario. De hecho en la ley que debería garantizar la independencia de nuestro banco central se estableció un mandato para su dirigente máximo de seis años, para que no coincidiera con el cuatrienio de  la legislatura.

En este caso, el problema no se plantea por discrepancias políticas entre gobernador y Gobierno de la nación sino en que el primero está quemado y ha perdido toda autoridad.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez es un economista competente de amplia experiencia con una brillante hoja de servicios.

Sin embargo no es el hombre más adecuado para la vigilancia bancaria que es el principal cometido de la entidad desde que la dirección de la política monetaria corresponde al Banco Central Europeo.

MAFO se dedicó, pues, a lo que sabía hacer: presionar para una reforma laboral y para que el Gobierno practicara una política liberal en otros terrenos. Todo menos velar por la salud de la banca y de las cajas de ahorros que ahora es causa principal de nuestros más graves problemas.

José García Abad es periodista y analista política