El mayor escándalo sanitario de la democracia

En Andalucía vivimos el mayor escándalo sanitario de la historia de nuestra democracia. Un escándalo que ha puesto y sigue poniendo en peligro las vidas de mujeres y que está siendo objeto de una gestión negligente e irresponsable.

Casos de cáncer de mama que han tardado hasta dos años en ser notificados a las afectadas y miles de pruebas con diagnósticos no concluyentes que se han ocultado a las mujeres en lugar de citarlas para realizarles una nueva.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene que aclarar ya si los fallos y falta de información se ha detectado únicamente en el programa de detección del cáncer de mama o si estos errores se han podido producir también en otros programas de prevención o pruebas diagnósticas relacionadas con otros tipos de cáncer.

El presidente de la Junta de Andalucía no puede seguir manteniendo en su cargo a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, cuya reacción al estallar el escándalo no fue ni reconocer los errores ni actuar con transparencia y garantías. Su reacción fue falsear el número de casos, inventando que solo eran “dos o tres”, y acusar de “manipulación” a las mujeres que lo destaparon tras trascender el testimonio de una afectada a quien su diagnóstico de cáncer le llegó dos años después.

Tras restar importancia al escándalo durante su primera semana, la Junta ha reconocido que son 2.000 las mujeres con un diagnóstico previo «no concluyente» de cáncer de mama pendientes de que las llamen para confirmar o descartar la enfermedad.

La Junta de Andalucía tiene que ser transparente y depurar responsabilidades a todos los niveles. Y por supuesto, debe aclarar si este gravísimo problema está delimitado al programa de detección del cáncer de mama o si también se ha podido producir en otros programas de prevención como el cribado de cáncer colorrectal o el de detección de cáncer de cuello de útero.

Este grave error ha generado en todos los usuarios del Servicio Andaluz de Salud , y especialmente en las mujeres, miedo y desconfianza sobre un sistema de notificaciones que no ha funcionado, llegando a poner en peligro la vida de muchas de ellas.

Hace falta, sin más demoras, una respuesta rápida y contundente por parte de la administración andaluza para que las personas afectadas por esta falta de información puedan ser tratadas y estudiadas a la mayor brevedad posible. Y se tienen que comunicar de manera transparente los cambios que se van a implementar en el sistema para garantizar que las usuarias del servicio sanitario reciban en plazo tanto los resultados como las indicaciones de actuación correspondientes. Por supuesto, la Junta tiene que habilitar un procedimiento extraordinario de reparación a las víctimas, con cauces específicos de reclamación patrimonial y apoyo jurídico y psicológico.