Madrid necesita un Defensor del Vecino

Madrid lleva casi veinte años con una Ley de Capitalidad que prometía mucho y ha cumplido poco. Una de sus novedades era la creación del Defensor del Vecino, una figura independiente, capaz de supervisar al Ayuntamiento y de velar por los derechos de la ciudadanía. Dos décadas después los madrileños seguimos esperando.

En vez de desarrollar el potencial de una ley a medio aplicar, Almeida optó por embarcarse en su reforma y la anunció como el gran hito de su mandato. Convocó a un grupo de expertos y obtuvo un borrador de proyecto que nunca vio la luz, porque antes de que llegara ese momento la señora Ayuso le dio la orden de guardarla en un cajón.

Mientras tanto, la vida de los madrileños y madrileñas se hace cada día más difícil, atrapados en un tráfico atascado,un metro colapsado, esperas sanitarias eternas, insuficientes escuelas infantiles, un espacio público entregado al negocio de unos pocos, o en un imposible acceso a la vivienda que frustra el futuro de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Y ante cualquier demanda a su Ayuntamiento, este se lava las manos y les dice que eso no le compete.

La única alternativa que les queda a los ciudadanos es acudir a los tribunales. Lo hicieron los vecinos afectados por las cocinas fantasmas, y ganaron. Lo hicieron los afectados por el ruido de los conciertos en el Bernabéu, y ganaron. Lo hicimos los grupos municipales porque la ordenanza de terrazas no cumplía con los requisitos legales, y ganamos. Lo hicimos contra la retirada a martillazos de la placa a Largo Caballero, y ganamos.

Pero el devenir de la ciudad de Madrid no puede depender ni de los tribunales, ni de la capacidad económica de los vecinos para defender sus intereses. Entre otras cosas, porque hay situaciones que dificultan diariamente la vida de la ciudadanía que no son susceptibles de apelación ante los tribunales. ¿Cómo se denuncia el caos del transporte público, la suciedad en las calles o el despilfarro de recursos en innecesarias e inútiles remodelaciones de plazas?

Vitoria, Santander, Vigo, Segovia, Pinto, Parla, Calviá, Palma de Mallorca y decenas de ciudades más cuentan con defensorías ciudadanas que funcionan y rinden cuentas. Pero en Madrid, la capital del país, seguimos sin este instrumento básico de control democrático.

Una figura que pueda no solo recoger las denuncias y reclamaciones, sino también ejercer una labor mediadora entre los vecinos y quienes realizan actividades que, en ocasiones, producen ruidos y molestias como son las terrazas, el ocio nocturno, o las obras.

El gobierno municipal de Almeida se escuda en que los tribunales están ahí para resolver conflictos y que ya existe un sistema de Reclamaciones y Sugerencias; demostrando, una vez más, su falta de compromiso con la transparencia y su desprecio a las reivindicaciones vecinales.

La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿por qué no se ha creado todavía? La respuesta se parece demasiado a un patrón que los madrileños conocen bien, y que volvimos a verlo en el último pleno municipal: a Almeida no le gusta someterse a controles. Ni a él, ni a su equipo. Tiene mayoría absoluta, pero, además, se comporta de manera absolutista.

Por eso reclamamos el cumplimiento de la Ley de Capitalidad y la creación del Defensor del Vecino. Para que, entre otras, recoja esas demandas ciudadanas, señale negligencias y malas prácticas, evidencie quejas ignoradas, medie en conflictos y exija soluciones.

En definitiva, para que en Madrid tengamos de verdad un Ayuntamiento más transparente, más eficiente y al servicio de sus ciudadanos.

*Enma López es Portavoz Adjunta del PSOE, Secretaria Federal de Política Económica y Transformación Digital y concejala en el Ayuntamiento de Madrid.