Carmen del Amo, Presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) afirma que “sólo ataca a las propiedades de gente humilde, dejando a salvo, mediante piruetas jurídicas increíbles y sentencias infumables, las propiedades de los políticos (muchos tienen vivienda en 1ª línea de playa), las grandes urbanizaciones, hoteles”.
Los afectados que definen la ley de “arbitraria, confiscatoria, confusa y generadora de indefensión” reivindican la legalidad de sus viviendas o chiringuitos, tienen permisos y licencias pero dicha ley se aplicó con retroactividad y la presidenta de los afectados añade: “con arbitrariedad y con abuso de poder”.
Les recomiendo que ven este video ya que explica con detalle las injusticias que ha provocado.
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El ministro Arias Cañete la quiere modificar pero no sabemos con qué intención. Según fuentes del propio Ministerio, más “ 20.000 propiedades privadas situadas ahora en primera línea de playa pueden beneficiarse de la ampliación de las concesiones que ha anunciado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente”. La mayoría son chiringuitos.
Pilar Marcos de Greenpeace, asegura que hasta el momento las reformas de la Ley de Costas planteadas en el Senado y el Congreso por el Partido Popular desde la oposición han estado encaminadas a privatizar el litoral, permitiendo un uso industrial y una destrucción masiva de la costa.
La polémica está servida, pero al final sigue siendo un nuevo triunfo del ladrillo frente a las personas y por el camino hay quien se lleva importantes beneficios.
Mientras tanto, el comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, ordenó el pasado 11 de junio la apertura de una investigación oficial y secreta sobre el ático de lujo en Marbella (Málaga) que usa Ignacio González, vicepresidente del Gobierno madrileño que dirige Esperanza Aguirre. La base de tales pesquisas, ya comunicadas a la Fiscalía Anticorrupción, es una denuncia que presentó el secretario general del SUP (Sindicado Unificado de Policía), José Manuel Sánchez Fornet, por sospechar que pudo haber comprado el piso con “una suma importante de dinero obtenido de forma ilícita”.
Y al mismo tiempo que Gonzalez se broncea en Marbella, el volumen de créditos impagados en la banca subió en abril hasta el 8,72%, frente al 8,36% de marzo. Pero la gran diferencia con la crisis de mediados de los noventa es que ahora está centrada en la promoción inmobiliaria, con mucho menos incidencia en la actividad empresarial. Los créditos dudosos de las inmobiliarias, hasta marzo (última cifra conocida), rozan el 23%, una cifra que los expertos consideran espectacular.
Y ya que hablamos del ladrillo, encontré hace unos días unas declaraciones que hizo Cristóbal Montoro en el año 2003 y que no tienen desperdicio: "no existe una 'burbuja inmobiliaria' (...) el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de un millón de personas" (El Mundo 2 de octubre de 2003). Claro que años después Solbes, Ministro de Economía añadía: “afirmaría que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa (la burbuja) no saben nada de economía" (El País, 11 de febrero de 2008).
¡Han demostrado ser unos linces!
Mientras tanto la policía sigue reconstruyendo la supuesta financiación ilegal del PP valenciano por parte de ocho grandes empresas del sector de la construcción a cambio de obtener grandes contratos de obra pública del Gobierno valenciano.
La Unidad de Delincuencia Financiera y Económica (UDEF) ha aportado un nuevo informe al magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga la vertiente valenciana del caso Gürtel, centrado en la empresa castellonense Lubasa que, destaca la policía, cambió su nombre por el de Durantia Infraestructuras en 2009. Este grupo empresarial habría contribuido con 110.200 euros a la campaña electoral del ex presidente de la Generalitat Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2007, las penúltimas que ganó antes de dimitir.
La constructora y promotora Luis Batalla, SA dejó de llevar el nombre y apellido de su fundador, debido a sus polémicas y mala imagen provocada por la sentencia por fraude fiscal y falsedad documental que a punto estuvo de acabar con el empresario en la cárcel, o su supuesta implicación en el caso Gürtel. Batalla tuvo además problemas con Hacienda (pagó una multa de 4,4 millones para evitar la prisión).
Pero a pesar de los saqueos llevados a cabo, la red Gürtel ha tenido importantes asesores. Francisco Aparicio Valls, consejero ejecutivo del Banco Popular, miembro de su núcleo duro y secretario del Consejo de Administración, asesoró en 2005, estando ya en la cúpula de la entidad presidida durante más de 30 años por Luis Valls Taberner, a algunos de los principales blanqueadores de los fondos captados por la red Gürtel, entre ellos Ramón Blanco Balín y Jesús Calvo, ambos imputados.
Blanco Balín, fue vicepresidente de Repsol YPF gracias a su amistad con José María Aznar. Se conocieron siendo inspectores de hacienda. Fue consejero de Orange Market, filial en Valencia de Special Events, compañía desde la que presuntamente Francisco Correa conseguía contratos públicos.
En 1995, fue nombrado apoderado de Corporación Financiera Alcor, la sociedad que gestiona buena parte del patrimonio de los Albertos.
Pero entre juzgado y juzgado, Blanco Balín declaraba a los medios de comunicación estar “hasta los huevos” de los periodistas. “Cuando pongáis algo en los periódicos, hacedlo con algo de respeto. Os lo pido por mí y mi familia. No me gusta que mis hijos lean por la mañana que su padre es un delincuente".
Otra muestra de que la promiscuidad entre la construcción y los bancos ha sido lacerante.
Bueno y por fin se ha presentado en Córdoba la primera denuncia contra el que fuera expresidente ejecutivo de Cajasur durante casi tres décadas (1977-2005), el cura Miguel Castillejo, cajero por su condición de canónigo penitenciario del cabildo catedralicio. La denuncia hace referencia a tres infracciones muy graves impuestas por el Banco de España por distintas irregularidades.
Y otro que anda en bañador, polo de marca (con el cuello subido ¡ojo al dato!) y náuticos es Correa, que tras salir de la cárcel se ha ido a su mansión (embargada) de Sotogrande a descansar. Por lo visto sus vecinos no están demasiado contentos con su presencia. Hasta su entrada en prisión nadie protestó, aunque ya era conocido por sus negocios, pero ahora prefieren tenerlo lejos. Sotogrande es una de las urbanizaciones más lujosas al borde del mar frecuentada por financieros, banqueros que juegan al golf (es el mejor de Europa) y se bañan en playas privadas.
Cerquita de Correa se baña en aguas del mediterráneo, Carlos Dívar, pero ahora ya pagándoselo de su bolsillo. Hemos dejado de subvencionarle sus vacaciones. El país no está para esos dispendios cuando ya se habla de un segundo rescate debido a la mezcla de deuda financiera y deuda soberana. Pero ahora que nos hemos quitado de encima al playero de Dívar (cuando iba a Lanzarote exigía un coche de la policía para trasladarse a la playa ya que allí no llegaban los coches oficiales) nos gustaría saber los gastos del resto de miembros del Consejo. Nos llevaríamos más de una sorpresa.
Y mientras Dívar, Correa, Blanco Balín o Aparicio Valls andan en bañador y ven la Eurocopa por las tardes nos enteramos que los jugadores de la selección española si levantan la copa se van a llevar un 25% más de lo que se llevaron en 2008, o sea 300 mil euros por cabeza. Y encima no pagaran impuestos en España ya que el cobro se llevará a cabo en Polonia. En dicho país hay que contribuir al fisco con un 20% mientras que en España la deducción sería de un 52%.
¡Y todo esto lo hacen sin ruborizarse!
Ah! no querría despedirme sin contarles lo que acabo de leer: el director financiero de Bancaja y ex presidente del Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo, renuncia a los 6,3 millones del seguro de prejubilación y se queda con los 7,6 de la pensión por jubilación. ¿Tendrá suficiente para vivir?
Continuará... el próximo jueves
Mercè Rivas Torres es periodista y escritora
