Las recientes noticias sobre un presunto intento de perjudicar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte de una supuesta negociadora socialista y la dimisión paralela del secretario de Estado de Seguridad, vuelven a encender las alarmas sobre un peligro latente en nuestra democracia: la politización interesada de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nada nuevo bajo el sol; ya ocurrió en la II República.
No es la primera vez que observamos cómo intereses partidistas intentan instrumentalizar a instituciones tan fundamentales como la Guardia Civil para el rédito político. Desde la oposición, PP y VOX alimentan el contubernio entre sus simpatizantes, como dando por supuesto que los agentes al servicio de todos detestan al Gobierno de Pedro Sánchez.
En materia de manipulación, saben los populares de lo que hablan. El Gobierno del Partido Popular, con Rajoy al frente, permitió, por ejemplo, la creación de una “Policía Patriótica” decidida a encontrar lo que fuera necesario para parar los pies al naciente Podemos. El exministro del Interior, Fernández Díaz, sigue bajo investigación judicial.
La UCO, en particular, es una unidad de existencia, simplemente, indispensable. Dedicada a la investigación de la criminalidad organizada, la corrupción y los delitos económicos y tecnológicos, su labor es vital para garantizar la Justicia y proteger a la ciudadanía. Si no existiera, habría que crearla, tal es la relevancia de su trabajo en la desarticulación de redes criminales complejas y en la persecución de delitos que, de otro modo, quedarían impunes.
Su independencia y su capacidad para actuar sin interferencias son la base de su eficacia. Los jueces necesitan pruebas claras de los delitos cometidos para abrir juicio, caiga quien caiga. Y su eficacia ha quedado demostrada en casos muy mediáticos.
Sin embargo, cuando los partidos políticos, sean del signo que sean, emplean a la Guardia Civil como un ariete contra el Gobierno de turno, o viceversa, el daño es inmenso. No solo se menoscaba la imagen y la credibilidad de una institución que goza de un amplio respeto y reconocimiento entre la ciudadanía, sino que se pone en riesgo la propia seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.
La izquierda debe sacudirse ese complejo trasnochado de tratar por la puerta de atrás los temas de seguridad y convertirlos en uno de los ejes en los que construir el futuro; porque, de lo contrario, otros vendrán a imponer un tipo distinto de discurso, concebido desde la emoción y no desde la razón, en los que el odio se ceba sobre los más débiles; con gran rentabilidad electoral para sus autores, siempre en el entorno ideológico de la ultraderecha.
Sobre esta base, la neutralidad y la profesionalidad son los pilares sobre los que debe asentarse la actuación de la Guardia Civil y de todas sus unidades. Cuando se permite que la agenda política dicte o influya en sus investigaciones (caso Pérez de los Cobos, por ejemplo), se abre la puerta a la parcialidad, a la persecución con fines espurios y, en última instancia, a la impunidad de aquellos que deberían rendir cuentas ante la Justicia.
Deben también tomar nota los mandos de esa unidad policial de élite y evitar salirse de su estricto trabajo de investigación. No se puede medrar desde dentro. Los 3.672 millones de euros que nos cuesta al año la Guardia Civil a los españoles (Presupuestos Generales del Estado de 2023) para, entre otras muchas cosas, pagar a los 81.955 hombres y mujeres que la componen, tienen el único objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin excepciones.
Por cierto, que en el BOE de anteayer se ha publicado la resolución por la que se convocan pruebas selectivas para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias; con un total de 3118 plazas: 1248 para militares profesionales, 240 para alumnado del Colegio de Guardias Jóvenes y 1630 de acceso libre. No está nada mal. A ver si los jóvenes se animan, especialmente las mujeres, que no llegan todavía ni al 11% de la plantilla total.
