La república catalana no verá la luz este año ni el que viene, ni en la próxima legislatura del Parlament ni, probablemente, en las siguientes y, a pesar de ello, los representantes de Junts y la CUP en la Mesa de la cámara catalana han dado vía libre a la presentación de una ILP (iniciativa legislativa popular) que exige una proposición de ley para proclamar la independencia. Se trata del enésimo castillo de fuegos artificiales que Junts y la CUP encienden para perjudicar a ERC y, se supone que también, por parte del partido de Carles Puigdemont, para poner de los nervios al PSOE, al que tienen atrapado en la maraña de la ley de la amnistía. De todas maneras, parece que el gobierno de Pedro Sánchez no da crédito a tanta gesticulación.

La noria gira, aunque esta vez casi por casualidad. La aceptación de esta iniciativa popular ha sido posible por disponer ERC de un voto menos de los que tiene en la Mesa. Resulta que el diputado Ruben Wagensberg, uno de los perjudicados por la eventual acusación de terrorismo a los impulsores del Tsunami Democràtic, está de viaje preventivo al extranjero, aunque a la presidencia de la cámara le conste que está de baja por enfermedad. En 2022, una ILP de sentido idéntico fue también rechazada al no poder contar Junts con el voto de Laura Borràs, por entonces presidenta del Parlament suspendida del cargo.

Un dejà vu. Los argumentos para cada una de las posiciones son repetitivos. Para Junts, el Parlament puede hablar de todo; para la CUP, hay que mantener encendida la lucecita; para ERC no se puede alimentar un callejón sin salida; para el PSC es una propuesta extemporánea y para Ciudadanos, el PP y Vox, la actitud de la presidenta Anna Erra y su grupo es carne de Tribunal Constitucional. Para los letrados de la cámara catalana, la independencia no es una cuestión asumible por el Parlament y mucho menos por una ILP.

Y sin embargo, la jugada se repite. La petición ha sido presentada por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), el partido que un día hizo diputados a Joan Laporta, presidente del Barça, y Alfons López Tena, vocal del Consejo del Poder Judicial cuando CDC tenía mano en estos organismos. Este partido casi invisible parece tener ahora cierta influencia en la desmejorada ANC, a través de Uriel Bertrán, un ex militante de ERC, impulsor de este pequeño partido radical.

La maniobra emprendida por SI busca promocionarse gracias al trabajo de campo imprescindible para alcanzar las 50.000 firmas que se necesitan para entrar el texto de la proposición de ley de independencia en el Parlament; de paso, pretende desprestigiar a los partidos independentistas oficialistas por su pasividad en dar cumplimiento a la declaración de independencia de 2017 y así, finalmente, acumular argumentos para justificar una lista cívica en las autonómicas impulsada por la ANC dese los tiempos de Elisenda Paluzie. La actual presidenta de la asamblea, Dolors Feliu, ha asumido la herencia de su antecesora con mayor o menor ilusión.

El futuro de esta ILP será el mismo que el deparado a sus antecesoras. Pero esto no desanima a Junts, dispuestos sus dirigentes a beneficiarse de la coyuntura. En primer lugar, para perjudicar un poco más a ERC, aunque no mucho, puesto que desde hace tiempo los republicanos han abandonado la unilateralidad y siguen por delante de Junts en todos los sondeos, En segundo lugar, para demostrar a sus seguidores que el pacto con el PSOE es circunstancial y no implica renunciar a ninguna de las esencias fundacionales. Y, en tercer lugar, para hacer saber Pedro Sánchez, el mismo día que se obtenía un nuevo plazo para cerrar un texto consensuado de ley de amnistía, que con amnistía o sin amnistía nada va a cambiar, al menos frente al electorado.