La autocrítica no es una práctica consolidada en partidos, sindicatos, empresas y organizaciones de todo tipo. Con frecuencia se confunde con lavar los trapos sucios, y estos se suelen ocultar a las miradas ajenas por razones obvias. Las organizaciones conservadoras y de derechas han optado tradicionalmente por la opacidad porque a ellas no les pasa factura la falta de transparencia corporativa.

En el lado de la izquierda y las organizaciones progresistas, la autocrítica casi nunca es anónima como ocurre normalmente en la derecha. Lo que no quiere decir que sea más frecuente, pese a los recientes reveses electorales.

Los dos últimos gobiernos de coalición, el anterior con Podemos y el actual con Sumar, han basado buena parte de su estrategia en la agenda social, en la ampliación de los derechos sociales de las clases trabajadoras. Ese escudo social se lo han atribuido en muchas ocasiones los partidos a la izquierda del PSOE. Sin embargo, en las sucesivas elecciones celebradas en España, desde las municipales del año pasado a las gallegas, los votantes de esa izquierda más radical se han volatilizado en un porcentaje muy importante y no han sabido valorar el esfuerzo social de esas formaciones.

A las puertas de las votaciones vascas del 21 de abril, de las catalanas del 12 de mayo y de las europeas del 9 de junio, hay que poner encima de la mesa de debate de la izquierda algunos datos para la reflexión. Una parte importante de esa agenda social, la referida a medidas de conciliación y a derechos de las personas asalariadas, recae sobre el sector de los trabajadores autónomos que, a su vez son empleadores, y que en 2022 sumaban 3.335.194 personas.

Como ha ocurrido con la agenda verde de la Unión Europea, puesta en cuestión por las protestas de los agricultores en el primer trimestre de 2024, la agenda social del Gobierno de España se percibe entre los autónomos como un factor de asfixia que confluye con la inflación y les perjudica en su desenvolvimiento cotidiano.

Los llenos que registran los centros urbanos de las grandes ciudades, los récords del sector turístico y de los servicios relacionados o el crecimiento del comercio electrónico no nos dejan ver la realidad del cierre generalizado de los pequeños negocios de proximidad en barrios, pueblos y ciudades medias.

En los partidos de izquierda se ha analizado su declive como una consecuencia de la debilidad de los sindicatos como consecuencia de la transformación del mercado de trabajo y el impacto de la digitalización, pero hay que tener en cuenta que a finales de 2023 había en España 3.593.300 empleados públicos, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), un sector con fuerte implantación sindical, pero en el que la agenda social influye poco porque ya tienen un nivel muy elevado de estabilidad laboral y derechos consolidados.

Otro dato de relieve y de una importancia extraordinaria es que la mayor parte de la medidas de la agenda social del gobierno progresista de coalición dependen en su aplicación y gestión de las comunidades autónomas y éstas en su inmensa mayoría están gobernadas por la derecha y se han coordinado para neutralizarlas y no cumplirlas.

A todo lo expuesto hay que añadir la interpretación que hace la judicatura de las leyes aprobadas por el poder legislativo con mayoría progresista y de la que hay sobrados ejemplos. Con los mimbres señalados parece aconsejable que la izquierda levante el pie del acelerador en su agenda social legislativa y redoble sus esfuerzos en hacer cumplir lo ya avanzado que es mucho y en lograr que su aplicación llegue a todos los sectores, pese a la oposición de las comunidades autónomas en manos de la derecha.

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