Córdoba se ha convertido en la segunda ciudad europea más accesible de 2023 tras la sueca Skellefteå por su compromiso en garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad. Como toda buena noticia, su eco mediático ha sido escaso fuera de los medios provinciales y de la prensa especializada en temas sociales y solidarios.

Pero el hecho concierne a los 87 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad en la Unión Europea, y a toda la ciudadanía que puede verse afectada por alguna incapacitación sobrevenida a lo largo de su vida, especialmente, las personas mayores de 65 años, que ya son el segmento mayoritario de la población en los países desarrollados y con natalidad menguante.

Las inversiones públicas y privadas en accesibilidad no son muy visibles, por lo que en demasiadas ocasiones no se priorizan en los presupuestos o se olvidan en los balances de actividad de las organizaciones. Sin embargo, hacen la vida más cómoda y facilitan la autonomía personal a la hora de la movilidad, el trabajo y el ocio.

Sustituir unos escalones por una rampa, poner un ascensor aunque sea por la fachada en un edificio, suprimir un bordillo…Son algunas de las medidas que suprimen barreras arquitectónicas. Pero la accesibilidad universal va mucho más allá, plantea un diseño inclusivo que no deje atrás a nadie por sus circunstancias personales de salud o falta de ella.

Que dos ciudades españolas, la andaluza Córdoba y la extremeña Mérida, hayan estado entre las seis finalistas es un buen síntoma del esfuerzo y sensibilidad de los ayuntamientos españoles por facilitar la igualdad de acceso a la vivienda, el transporte público, las tecnologías de la información y la comunicación, además de otros servicios para las personas con discapacidad y los ciudadanos de edad avanzada.

En el ámbito institucional está en vigor la estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030 para construir una Unión Europea sin barreras, que contempla numerosas iniciativas para homogeneizar las políticas nacionales y las iniciativas de regiones, ciudades y organizaciones sociales.

Pero todavía queda mucho camino por recorrer hasta que el conjunto de la sociedad se empape de la necesidad imperiosa de solidaridad y colaboración a la hora de acometer la supresión de barreras, o la adaptación de instalaciones para las personas con problemas de movilidad. Piensen en las resistencias de comunidades de vecinos o propietarios a las obras de adaptación o supresión de barreras por puro egoísmo o insolidaridad.