En los últimos días se ha abierto una nueva crisis política que retumba con fuerza en el corazón del PSOE y en el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. El epicentro de la polémica es el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a Santos Cerdán - hasta hace poco secretario de Organización del PSOE - como gestor de pagos ilícitos por valor de al menos 620.000 euros, procedentes de adjudicaciones públicas vinculadas a la empresa Acciona.
Además de la magnitud económica, el informe revela grabaciones - una vieja práctica del exasesor Koldo García - que exponen conversaciones en las que Cerdán habría organizado pagos, y hasta supuestamente manipulado dos votos en las primarias de 2014, en las que Pedro Sánchez ganó la secretaría general del partido. Estas acusaciones han provocado no solo su dimisión inmediata y la retirada de su acta de diputado, sino también temblores en la estabilidad interna del PSOE.
El presidente Sánchez reaccionó con rapidez. En una comparecencia desde la sede de Ferraz, reconoció haber “confiado en la integridad” de Cerdán hasta esa misma mañana, expresó “indignación y tristeza”, pidió perdón públicamente y anunció una profunda auditoría externa de las cuentas del partido, así como una reestructuración interna de la Ejecutiva Federal. El presidente también asumió responsabilidad política, afirmando que el partido “no debió confiar” en Cerdán, y descartó adelantar las elecciones: se mantendrán hasta 2027, cuando planea optar nuevamente.
El tono de Sánchez, sin embargo, ha generado críticas de distintos sectores. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo acusó al presidente de adoptar un rol de víctima y juzgó las explicaciones como “insuficientes” y “decepcionantes”, cuestionando la eficacia real de las auditorías anunciadas. En este sentido, diferentes analistas han señalado que el discurso de Sánchez consiste más en un “perdón sin responsabilidad” que en una rendición de cuentas real. Internamente, voces del propio PSOE, como Óscar López, han admitido que “han fallado las personas” y aseguran que se ha actuado con rapidez al conocerse el contenido del informe.
Sin embargo, la exigencia de explicaciones se extiende más allá. Socios de coalición como Sumar y Más Madrid han reclamado una “reforma profunda” de la legislatura, insistiendo en que no basta con un simple paso atrás, y advierten que los ciudadanos merecen respuestas claras y contundentes. El deterioro de la credibilidad del Gobierno ante casos precedentes –como el implicamiento del exministro José Luis Ábalos— intensifica la demanda de una renovación ética que vaya más allá de las palabras.
Así, mientras el PSOE intenta cerrar heridas internas y recuperar control político, se plantea una pregunta en el aire: ¿han sido eficientes y creíbles las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez tras la divulgación del informe de la UCO?
