Por fin tenemos fecha para la celebración del juicio del caso Magrudis. Ese brote masivo que se saldó con cuatro muertos, entre ellos un recién nacido, seis abortos y multitud de intoxicados. Será en octubre de 2026, todavía tendremos que esperar más de un año y medio.

Un caso del que las administraciones debieron aprender muchas lecciones pero, lamentablemente, después de todo tiempo transcurrido, observamos que no se han producido los cambios necesarios que venimos reivindicando desde entonces.

A día de hoy, desde el Gobierno de España, el Ministerio de Consumo sigue sin potenciar una modificación de la ley para que cualquier empresa, sea del sector alimentario o de cualquier otro, tenga la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que sufran los consumidores ante posibles cierres por quiebras o ante daños que sufran como consecuencia del uso o consumo de sus productos.

A día de hoy, la Junta de Andalucía tampoco ha mejorado sustancialmente sus protocolos de información ante alertas alimentarias. En el caso Magrudis, fue FACUA la que tuvo que investigar y destapar públicamente el nombre de la marca de productos afectados por listeria: La Mechá.

La Junta no lo quiso hacer cuando ya tenía todos los datos y reaccionó después de nosotros, continuando con una relación importante de incongruencias, inexactitudes e, incluso, falsedades, en las cuales parecía que primaba más proteger los intereses de la empresa que la de los consumidores afectados.

 Hoy seguimos observando este tipo de irregularidades. El caso más reciente, el de la Taberna La Sacristía de Córdoba. donde esa intoxicación masiva por el consumo de montaditos de pringá ha derivado en una Junta de Andalucía que quería mantener en secreto, de nuevo, el nombre de la empresa responsable y que ha actuado con una absoluta laxitud, llegando a plantearse que no era necesario el cierre cautelar del establecimiento primero, para después contarnos que sus inspectores habían verificado que efectivamente había un potencial riesgo para la salud en el momento en que realizaron los controles.

Y, por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla, cuya autoridad sanitaria en su momento no cumplió con sus responsabilidades de debido control sobre esa industria cárnica, Magrudis, y que ha día de hoy continúa teniendo un déficit importantísimo en el número de inspectores de consumo y veterinarios para vigilar el conjunto de empresas dedicadas al suministro y fabricación de productos alimentarios a los consumidores.

Aquí nadie parece que ha querido aprender la lección y la historia, sin duda, acabará repitiéndose.

Ahora, de cara al juicio, será fundamental que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Sevilla. Bien porque se produzca la condena a la inspectora veterinaria que cometió una grave negligencia en su labor de control de Magrudis, bien porque en cualquier caso se considere que el Consistorio no cumplió con su obligación in vigilando.

Un ayuntamiento que tuvo abierta una industria cárnica de forma absolutamente ilegal, que no revisó los papeles que aportó que ponían de manifiesto que no cumplía los más mínimos requisitos. 

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

Editorial del episodio 69 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.

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