No tengo demasiada fe en la justicia, la verdad. La llevo sufriendo hace años, por cuestiones biográficas que no vienen ahora al caso y sé que, tener la razón, o ser víctima de un delito, no te garantiza que los jueces hagan justicia, que es lo que debieran hacer. En la clave de esta experiencia está que, por mucho que se nos hable de la imparcialidad de los mismos, esto es una quimera como creer que con la toga les adjudica una naturaleza arcangélica que no existe. Los hay mejores y peores, más imparciales o menos pero, no nos engañamos, en su potestad está interpretar las leyes, y algunos lo hacen con más imparcialidad que otros. Todo esto lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la aplicación de la nueva ley del “sí es sí”, y las revisiones de condenas de los violadores y agresores sexuales. No dudo que la ley no tenga errores, todas las tienen, y rendijas, y que si debe ser retocada, así me lo aseguran amigas muy duchas en cuestiones legales, que se haga; pero tampoco seamos ingenuos: muchos jueces y tribunales ultraconservadores están aprovechando esas rendijas para hacer política, para tumbar una ley y hacer oposición al gobierno, en detrimento de las víctimas de uno de los delitos más execrables y repugnantes que existen.

Será el supremo el que tenga que dirimir y sentar jurisprudencia. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto que unifica criterios de actuación ante la nueva ley y en el que establece que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras la nueva modificación legal. Con este decreto se reducen los supuestos en los que los fiscales apoyarán una rebaja de la condena inicialmente impuesta a los agresores sexuales. Aunque baje el mínimo en las penas no significa que haya que reducirlas. Ha afirmado que: “La revisión solo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal”, explica la Fiscalía en un comunicado oficial en estos días. Se aplica el criterio establecido en la disposición transitoria del Código Penal desde 1995, aplicado habitualmente ante las modificaciones legislativas, que establece que cuando la pena impuesta “sea también imponible” con arreglo a la nueva norma, es decir, entre dentro de la horquilla de penas contemplada, no tiene por qué revisarse. El castigo mínimo por una agresión sexual ha bajado de seis a cuatro años de prisión, de modo que a aquel que hubiera sido condenado a seis años de prisión no quedará más remedio que rebajarle la pena, por ser la mínima, pero, por ejemplo, a quien se le hubiera impuesto una de siete u ocho años de prisión no tendría que revisársele. En cualquier caso, subraya que “cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso”. Aclaran que este decreto es “de obligado cumplimiento” para los fiscales, “se ha dictado para no demorar las pautas concretas para la revisión de sentencias hasta la publicación de una circular del fiscal general del Estado, que se emitirá próximamente una vez se someta al preceptivo informe de la Junta de Fiscales de Sala”. El fiscal General del Estado deja claro que la revisión de sentencias debe guiarse por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, pero siempre se elegirá una ley u otra “de manera global, en bloque, en su totalidad”, sin que sea posible trocear las normas. Alguien debió prever este problema antes, para no facilitar la mala interpretación de la ley pero, me pregunto: ¿no deberían los jueces anteponer a las víctimas a su propio afán de protagonismo y a su ideología política? ¿Asumirán las responsabilidades si, poniendo en la calle a violadores estos vuelven a cometer estos delitos? Qué distinto sería si, alguno de sus Señorías fueran apartados de la judicatura si sus “interpretaciones” de las leyes costaran vidas o reincidencias en delitos tan graves ¿verdad? Qué distinto sería todo, también para ellos…

Hace meses, en un artículo sobre Juana Rivas, “Jueces, Tenemos un Problema”, también en este diario, recordé unas reflexiones del presidente Felipe González. En uno de los volúmenes de sus memorias, González aseguró que, en nuestro país, se había hecho la transición en todas las instituciones y estamentos, incluido el ejército, salvo en una: la judicatura. Esto, que llamó a escándalo a muchos, porque lo es, escandaloso, se entiende, no deja de ser una verdad incontestable, por mucho que pasen los años desde los días de la transición y tras el golpe de Estado de Tejero y lo suyos. No digo yo que Felipe González acierte siempre. No tiene por qué ser un profeta, ni perfecto, ni siquiera una buena persona. Lo cierto es que gobernó este país nuestro durante muchos años, con enormes transformaciones, aciertos y errores y, lo que no se le puede negar, es que conozca bien la idiosincrasia y estructuras de nuestra democracia. Lo lamentable es que esta reflexión siga siendo cierta y vigente hoy.

Esta misma semana, una jueza ha dictado que Míriam Martín, que tiene tres hijos a su cargo, una hija de 21 años, y dos niños de 11 y 15, y una enfermedad que la ha dejado con un 75% de minusvalía, se vaya a la calle este 1 de diciembre, si nadie lo remedia, con sus tres niños. Beatriz Mayor Tonda, la juez del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrejón de Ardoz ha firmado la sentencia que modifica las medidas de divorcio de Míriam con su exmarido, Luis-desentendido de hipoteca de esa casa y manutención de su hija durante 21 años-, y ha firmado también el lanzamiento de la mujer y sus hijos para el primer día de diciembre. Lo cuenta mi compañera Loreto Ochando en este mismo diario. He aquí, de nuevo, la incomprensible interpretación de la ley, en contra de la jurisprudencia sobre la protección de menores, y del sentido mismo de la justicia, por no hablar del sentido común. No sé como algunos jueces, como esta magistrada, pueden dormir tranquilos. Tal vez porque saben de su impunidad, y aunque hagan daño y destruyan vidas con sus interpretaciones de las leyes, no les va a pasar nada. Qué distinto sería si tuvieran que rendir cuentas y lo pagaran también cuando se equivocan ¿verdad? Creo que esa es también una asignatura pen diente de nuestra democracia. Que los jueces tengan que pagar y rendir cuentas por sus malas Praxis.