Míriam Martín tiene tres hijos a su cargo, una hija de 21 años, y dos niños de 11 y 15, y una enfermedad que la ha dejado con un 75% de minusvalía, pero este 1 de diciembre, si nadie lo remedia, se irá a la calle con sus tres niños. Beatriz Mayor Tonda, la juez del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrejón de Ardoz ha firmado la sentencia que modifica las medidas de divorcio de Míriam con su exmarido, Luis, y ha firmado también el lanzamiento de la mujer y sus hijos para el primer día de diciembre. Según el fallo, ahora la casa será un año de cada cónyuge.
El problema es que esa sentencia se dictó sin que Míriam pudiese alegar nada porque no le llegó la notificación de la demanda de su ex. Al no acudir, la juez solo tuvo la información aportada por su exmarido. Una información que, como mínimo, se puede asegurar que es falsa. Para conseguir la casa, Luis alegó que Míriam vivía con su nueva pareja y con su padre. Ambas cosas no son ciertas ya que la mujer es viuda desde 2019 y el padre de Míriam solo vivió con ella una temporada hace diez años mientras se recuperaba de una enfermedad, ya hace años que vive en Ávila.
Así, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, la magistrada decretó la extinción del uso de la vivienda familiar por convivir con una nueva pareja y porque su hija ya está independizada y con un trabajo que le permite mantenerse, hecho que tampoco es cierto, pues la hija que Míriam tuvo con su exmarido no solo vive con ella, sino que además no ha trabajado nunca pues está estudiando todavía.
La sentencia también modifica la pensión de alimentos y manutención (350 euros) retirándola por completo. Una pensión que, por cierto, su exmarido no siempre ha pagado, ya que Míriam ha tenido que demandarlo varias veces por ello. También ha habido veces que no ha pagado la hipoteca, teniendo que hacerse cargo ella en numerosas ocasiones.
A la calle con los niños
Míriam está desesperada. Las lágrimas le recorren las mejillas mientras con nerviosismo mira una y otra vez todos los papeles del juzgado. “Le ha llegado a la juez un informe de servicios sociales en el que le piden que paralice el lanzamiento porque hay dos menores, pero no ha servido de nada”, afirma mientras trata de encontrar una explicación a todo lo que está sucediendo. “Me quedo en la calle con dos niños menores, me quedo en la calle con mis hijos” dice una y otra vez mientras recuerda en voz alta que su exmarido sí tiene una casa, vive en un chalet en la provincia de Toledo, mientras ella no tiene a dónde ir con los niños.
No entiende nada. Su nuevo abogado, del turno de oficio, va a pedir la nulidad de la sentencia, ya que ella no fue notificada y el juicio se celebró en rebeldía, lo que implicó una indefensión de libro por falta de tutela efectiva. Además, también está tratando de conseguir que se paralice, al menos de momento, el lanzamiento. Su letrado tampoco da crédito a lo que esta sucediendo.
Míriam ha tenido que acudir a la Justicia gratuita. No puede pagar otra cosa con una pensión por incapacidad de 750 euros más otros 250 de la Comunidad de Madrid por su artrodesis, una enfermedad por la que ha tenido que ser operada ya en seis ocasiones y que la ha dejado con un 75% de minusvalía.
La vida de Míriam y sus hijos está ahora mismo en la cuerda floja. El miedo se apodera de ella cada vez que piensa en el 1 de diciembre. No sabe qué va a suceder ese día cuando su exmarido se presente en la casa con un cerrajero. Mientras, ella solo pide un poco más de tiempo: tan solo reclama que la dejen estar allí hasta que se venda la casa y se reparta el dinero de la venta, lo que le permitiría poder alquilar algo digno para ella y sus niños.
