En Internet, el anonimato garantiza la impunidad para la maldad en todas sus manifestaciones, pero sorprende que los gobiernos no obliguen a las multinacionales tecnológicas a verificar de oficio la identidad de sus usuarios.
La semana pasada se han celebrado en Sevilla dos encuentros en el que han estado presentes el anonimato y la impunidad en las redes como marco referencial a dos problemas muy actuales: "La indefensión de los menores ante la pornografía en Internet" y el debate sobre "Democracia, Desinformación e Inteligencia Artificial." El primer problema se abordó en una jornada organizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía y celebrada en el Parlamento autonómico, a la que asistí como oyente. El segundo fue con motivo de la presentación de los resultados del proyecto europeo Fakespotting, realizado dentro del programa Erasmus+ con la colaboración de universidades de varios países, entre las que se contaba la andaluza Loyola. En este último participé como ponente.
Hubo un denominador común en los dos foros: la necesidad de apostar por la formación y la alfabetización mediática para atajar el impacto de la pornografía en los menores y la desinformación como causa de la desafección política en las sociedades democráticas. Como ya se sabe, la vía educativa para la transformación y el cambio social resulta lenta y sus resultados se ven muy a largo plazo, por lo que se pusieron sobre la mesa posibles soluciones a corto y medio plazo para verificar la edad de acceso a las páginas pornográficas y reducir la magnitud del problema. En el caso de la desinformación, el proyecto Fakespotting ha elaborado un paquete de productos pedagógicos para saber discernir entre la información y los bulos y las noticias falsas.
Pero, como ocurre en buena parte de las discusiones sobre qué hacer ante los nuevos retos surgidos por la acelerada digitalización de la sociedad, se dejó a un lado la urgencia de acabar con el anonimato en las redes si se quiere terminar con la impunidad de los comportamientos ilícitos en el mundo virtual: estafas, acosos, incitación al suicidio y a las autolesiones, tráfico de armas y drogas prohibidas, acceso de menores a juegos on line y pornografía, discursos de odio y apología de la violencia y el terrorismo.
En Internet, el anonimato garantiza la impunidad para la maldad en todas sus manifestaciones, pero sorprende que los gobiernos no obliguen a las multinacionales tecnológicas como Google, Meta o Microsoft a verificar de oficio la identidad de sus usuarios. El colmo de la hipocresía son las verificaciones de pago como la implementada por Elon Musk en Twitter que deja intacta su bolsa de cerca de la mitad de cuentas anónimas o falsas.
En los últimos años, la UE y sus países miembros han legislado de manera muy estricta la protección de datos y la privacidad, de tal manera, que en muchos casos se ha abierto una puerta a incumplir las leyes de transparencia promulgadas con anterioridad. Ante los nuevos avances como el reconocimiento facial o la inteligencia artificial, los gobiernos deben legislar con rapidez, exigiendo mayor transparencia corporativa a las empresas y una mayor trazabilidad a todo lo que se haga digitalmente. No basta con obligar a la transparencia de los algoritmos, hay que ir mucho más allá hasta terminar con la opacidad que ahora es la norma en las multinacionales.
