Por décimo año consecutivo, la Fundación Adecco, en colaboración con veintidós empresas, presenta el Informe Violencia de género y empleo. El estudio se ha realizado a partir de una encuesta a 210 mujeres desempleadas víctimas de la violencia de género, que se han contrastado con cifras de fuentes oficiales como el Consejo General del Poder Judicial y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

Según el estudio, “en épocas de crisis que implican mayor desempleo —como la sufrida en 2020 a raíz de la Covid 19— es habitual que el número de denuncias por violencia de género disminuya”. Y a la inversa, en los periodos de recuperación “suelen aumentar, coincidiendo con una mayor posibilidad de encontrar un empleo y llevar una vida autónoma lejos del agresor”.

Como reflejo de esta afirmación, Adecco señala que en 2021 hubo en España “un 8% más denuncias que en 2020 (el año de la pandemia), y la diferencia entre el primer semestre de 2022 y el mismo periodo de 2021 ya se sitúa en un +16% (87.472, frente a 75.722)”. Con independencia del ciclo económico, “es indispensable garantizar los recursos de protección necesarios para las mujeres víctimas, siendo el empleo uno de los más importantes, en la medida en que permite romper la dependencia económica que muchas veces las vincula con el agresor”.

El estudio ha hallado “determinados prejuicios ligados erróneamente a las mujeres víctimas de violencia de género y que dificultan su empleabilidad: mayor absentismo, inseguridad, bajo rendimiento, etc”. Una situación que lleva a la mayoría de ellas (72,3%) “a no comunicar dicha condición por miedo a que les reste oportunidades en entrevistas de trabajo o procesos de selección; solo el 27% lo comunica (normalmente, por cuestión de seguridad)”.

Los expertos consultados para la elaboración de este informe recuerdan que las situaciones de violencia de género “no están ocasionadas por la forma de ser de la víctima, sino por el comportamiento del agresor”. Por ello, “es un error atribuir características comunes a estas mujeres y estigmatizarlas”. Al contrario, “debemos allanar su camino hacia el empleo como único elemento que las empodera transversalmente, incrementando su independencia y autoestima”.

No en vano, “la totalidad de las mujeres encuestadas asegura que el empleo sería de gran ayuda para reconducir su vida”, porque, como ya se ha apuntado, “el trabajo reduce las situaciones de dependencia, conduce a la realización personal y permite descubrir nuevas personas, motivaciones y vías de comunicación”. De todos los elementos que les harían decantarse a la hora de encontrar un trabajo, “las mujeres víctimas señalan en primer lugar el salario y la independencia.

Según ha detectado este estudio, “la inclusión laboral de las mujeres víctimas de violencia de género se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19, ya que para el 68%, el mercado laboral no se ha recuperado respecto a antes de la pandemia”. En concreto, “el 46,7% señala que los requisitos para acceder a las ofertas de empleo son más exigentes ahora que antes”.

Aquellas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como las mujeres víctimas, “han visto como su situación empeoraba en los últimos dos años. Así, la gran mayoría (91%) encuentra algún grado de dificultad para llegar a fin de mes”.

Esa situación de precariedad provoca que “seis de cada diez desempleadas víctimas de la violencia de género se plantee aceptar un puesto de trabajo inferior a su cualificación. Una cifra que rozaría el 85% si incluimos a aquellas que han contestado ‘quizá”. Es decir, “solo el 14,6% no estaría dispuesta a trabajar en un puesto de menor cualificación”.

El estudio concluye que “la inclusión laboral de las mujeres víctimas exige el compromiso de Administraciones Públicas y empresas. Las primeras tienen, entre otros retos, evaluar la aplicación de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o promover la difusión entre las desempleadas víctimas de sus derechos.” Por parte de las empresas “se apuesta por implicar a la dirección y por extender los principios del código ético a toda la cadena de valor, al tiempo que recurrir por alianzas con entidades especializadas”.