El caso de Daniel Sancho sigue estando omnipresente en los programas de actualidad. La identidad del joven, hijo del actor Rodolfo Sancho y los hechos que supuestamente ha cometido en Tailandia llevan días siendo analizados al detalle. El asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia, ha sido motivo suficiente para que los focos mediáticos se centren con especial efusividad en lo acontecido en el país asiático. Y como es normal en los programas del corazón, su padre también está en el punto de mira.

El actor de El Ministerio del Tiempo ha emitido varios comunicados acerca de la situación relativa a su hijo para pedir respeto e intimidad. Una situación, que en un notable ejercicio de falta de ética se han saltado multitud de medios y programas incluso poniéndose en las puertas de su casa, en la que vive con una menor ajena al caso. Una situación que ha obligado a que su abogada Carmen Balfagón tuviera que intervenir el domingo en Fiesta. "No puede ni sacar al perro. Está tan abatido y nadie quiere que le vea como está", afirmaba Balfagón, apelando a los medios para dejar de atosigar al padre del presunto asesino y pidiendo que abandone su casa.

Tras esas declaraciones, el siguiente paso dado por Rodolfo Sancho y sus representantes legales ha sido imponer un ultimátum: si no se detiene la presencia en el domicilio del intérprete, no habrá más declaraciones públicas a la prensa. "Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, comunican su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones, de Rodolfo Sancho", han pedido a los medios cortando la escalada de morbo en la que muchos programas como Fiesta estaban sumidos.

El mismo texto expresa que a esa petición acometida con anterioridad se le ha hecho "caso omiso", por lo que se espera que la amenaza de desaparecer de los medios sirva de aviso para que los reporteros dejen de apostarse en la residencia de Sancho, donde también se encuentra su hija.

"Dicha presencia, como ya se ha insistido por estos portavoces, altera la vida de una menor que nada tiene que saber, en estos momentos, de la situación por la que está atravesando su padre", indica. 

Posible pena de muerte

La pena capital queda recogida en el país tailandés en su Código Penal, concretamente en sus artículos 288 y 289, y se contempla para casos de asesinatos premeditados, aunque lo habitual es que se conmute por cadena perpetua. Si la persona es condenada por homicidio, recoge el texto, la sentencia oscila entre los 15 y los 20 años.

Si finalmente se lleva a cabo la pena de muerte, esta se ejecuta en la prisión de Bang Kwang en Bangkok. Por el momento, Sancho ha conseguido eludirla y se encuentra en el centro penitenciario Roh Samui.

Por otro lado, el método utilizado en Tailandia para proceder a la muerte de los condenados a la pena capital es la inyección letal, que en 2003 se utilizó para reemplazar los fusilamientos. Se trata de un método en el que se cuenta con dosis muy altas de sustancias químicas, tres concretamente: el tiopentotal sódico, el bromuro pancurónico y el cloruro potásico. Según Amnistía Internacional la primera sustancia “es un barbitúrico que hace perder el conocimiento al preso”, mientras que la segunda es un “relajante muscular que paraliza el diafragma” y la tercera “provoca un paro cardiaco”.

¿Por qué el caso de Daniel Sancho es complejo?

Cabe señalar también que la pena de muerte no se impone de forma inmediata, sino que hay un retraso porque la persona detenida puede apelar a dos tribunales y solicitar después un indulto al rey. Precisamente por esta razón el caso de Daniel Sancho es delicado.

El antecedente más claro, un caso similar al de Sancho, fue el del también español Artur Segarra, quien fue condenado a pena de muerte en el país allá por 2019. Fue acusado de secuestrar, robar y asesinar a otro español, David Bernat, en Bangkok, tres años antes.

Durante el procedimiento judicial, Segarra se enfrentó a torturas y vejaciones por parte de las autoridades del país, así como a la privación de bebida y comida durante casi una semana, con el fin de que diera las contraseñas de sus cuentas bancarias.

En 2020, el rey de Tailandia le daba el indulto y conmutaba la pena capital por la de cadena perpetua. El perdón real, para hacerlo todavía más llamativo, llegó con motivo del 68 cumpleaños del monarca.

El caso de la última persona ajusticiada en el país asiático tuvo lugar en 2018. El arrestado fue condenado por matar a su víctima con 24 puñaladas.

Ese mismo año, el diario tailandés 'Bangkok Post' realizó una encuesta entre sus lectores sobre si la pena de muerte debería mantenerse o, por el contrario, eliminarse. El resultado fue que más del 90% de los votantes se postuló a favor y el 7,50% en contra. Entretanto, el primer ministro del momento, Prayut Chan-o-cha, defendió que el máximo castigo era necesario para mantener la paz y el orden en el país.

Si bien desde entonces no se ha producido ninguna ejecución, actualmente hay 254 personas en el corredor de la muerte del país, según datos de la organización World Coalition Against the Death Penalty (Coalición Mundial contra la Pena de Muerte)