El pasado jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abría diligencias a la juez de Cantarroja que investiga la gestión de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, tras las quejas presentadas por la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa. Esta decisión ha llamado la atención a más de uno, entre los que se encuentra Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts Valencianes.
El valenciano ha sido escueto pero tajante en su valoración a la última decisión del Consejo General del Poder Judicial. En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, Baldoví ha remarcado: “Ya tardaban. Asco de justicia”.
Ya tardaban. Asco de justicia. https://t.co/UPWuBebjII
— Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) August 21, 2025
Un mensaje tan claro como contundente, ya que la juez se encuentra investigando la gestión de la Generalitat Valenciana al frente de la DANA que terminó con el fallecimiento de 228 personas. Entre los investigados se encuentra la propia Pradas, que presentó las quejas al entender que su derecho de defensa está “gravemente afectado” por resoluciones judiciales de la magistrada. A estas quejas se sumó posteriormente el también investigado Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias.
La apertura de diligencias a la juez
El Poder Judicial abrió este jueves estas diligencias informativas a la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja tras las quejas presentadas por Salomé Pradas y Emilio Argüeso.
No obstante, la apertura de estas diligencias es el procedimiento habitual siempre que se recibe una queja contra un juez. En este momento se comprueba si hay materia disciplinaria o si se archiva la queja por no haber una infracción o no ser los hechos competencia del Poder Judicial.
La exconsellera Salomé Pradas presentó las quejas al ver su derecho de defensa "gravemente afectado" por resoluciones judiciales que, a su entender, contenían frases categóricas sin suficiente base probatoria y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria".
Fue en mayo cuando la defensa de Pradas presentó una queja en la que ponía en cuestión el auto de imputación dictado por la juez el pasado 10 de marzo, que hablaba de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro dictado el 9 de mayo donde se apuntaba a "manifiesta pasividad" a la hora de alertar.
El letrado de Pradas también habló en su queja de "falta de imparcialidad" y de opiniones predeterminadas de la jueza o de "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios.
