Medio siglo ha pasado de la muerte del dictador cuyo régimen oprimió al país durante décadas y, sin embargo, curiosamente, su sombra sigue siendo más que alargada, no solo encontrando todavía apoyos a pesar del daño causado, sino provocando aún numerosos debates y polémicas, bien debido, en una parte importante, al esfuerzo que algunos realizan por poner freno a las iniciativas que tratan de disminuir en España los elementos que ensalzan su figura y que tengan fin los privilegios que algunos obtuvieron durante este período oscuro. 

Concretamente, tal y como se analizaba en Malas Lenguas, la controversia ha surgido en torno a un palacete que se encuentra en la ciudad de A Coruña. La familia Franco, a quien pertenece, y la Xunta de Galicia llevan tiempo enfrentadas por la Casa Cornide, la cual está declarada cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural. Tras procesos judiciales, los herederos del dictador se encuentran, ahora, en la obligación de abrirlo al público que desee visitarlo. No solo eso, sino que, también, los Franco han debido de abonar una multa de 3.000 euros por haberlo mantenido cerrado después de que les fuera indicado que debía ofrecer visitas. En su negativa a permitir la entrada de aquellos que desean conocerlo, han pleiteado en numerosas ocasiones, sin éxito.

Este inmueble, que desde que permitió la entrada de visitantes solo abre los lunes para recibir a cinco personas por hora, no cuenta ya con posibilidad de reservar cita hasta febrero del 2026, lo cual está provocando la queja de los vecinos por el escaso tiempo en el que se permite acceder.  No solo eso, sino que el atractivo de este palacete se está viendo reducido a lo que viene siendo su arquitectura, pues en los últimos meses la familia Franco ha ido sacando pertenencias y vaciándolo. 

Los Franco reivindican la propiedad de la Casa Cornide, en A Coruña. EP

Una de las reporteras del programa, Noelia Chaves, viaja a A Coruña para conocer más de cerca este caso. Pedía las opiniones de los vecinos, quienes se mostraban descontentos porque el interior del palacete haya perdido su mobiliario o patrimonio cultural. De esta manera, expresaban lo siguiente: "Se han llevado todo... Hasta las telarañas"; "Han dejado una lámpara y no han arrancado los sanitarios de milagro... Esto es un presunto expolio patrimonial"; "Es de los vecinos de Coruña y se debe de abrir para la celebración de actos u otros eventos"; o "El chantaje de la familia Franco, no tienen mayor interés en devolverlo al servicio público... Me parece bien que la abran al público, pero estaría mejor que apareciera todo lo que había dentro que esquilmaron". 

En la mesa de debate del programa trataban este tema, afirmando que han desaparecido del palacete muchísimos documentos y enseres de interés, algo que valoraban se haya debido, probablemente, a la tardanza de la justicia para ordenar la apertura al público. Según apuntaban, es un edificio histórico muy importante, que llegó a ser Ayuntamiento y Casa de la Cultura, por lo que era momento de que fuera devuelto a los gallegos y españoles, así como cumplir con la Ley de Memoria Democrática. 

Conectaba con Malas Lenguas la periodista Esther Palomera, a quien pedían su opinión sobre los bienes de los que la familia Franco se aprovechó durante décadas, no dudando en afirmar que "se aprovecharon y que robaron, porque, prácticamente, nada de lo que tienen en su propiedad ha sido acumulado de manera legítima". De esta manera, tal y como señalaba, todo es consecuencia de la corrupción, del expolio, del crimen y de una dictadura que definía como "muy sangrienta". Además, Palomera que la democracia española ha tratado durante 40 años a la familia Franco de una manera excesivamente generosa, a diferencia de otras dictaduras en otros países que, a su caída, también experimentaron un declive sus familias viéndose obligadas a abandonar el territorio que ocupaban. 

En este país no ha ocurrido esto durante más de 40 años y, afortunadamente, ahora, gracias a los tribunales y al empeño de determinadas administraciones, se está haciendo justicia con el patrimonio

Aida Bao plantaba a Javier Aroca la cuestión de si la gestión de los edificios que pertenecen o pertenecieron a la familia Franco es la correcta o si llega tarde. Aroca hacía una reflexión en la que opinaba que no entendía que se vayan a celebrar los 50 años de la muerte del dictador y todavía sus herederos sigan siendo protagonistas, los cuales ni siquiera son ya familia directa, por lo que, puntualizaba, estamos hablando de una dinastía. Además, también apuntaba a un status muy especial del que siguen disfrutando en el país tanto la familia Franco, como los que fueron sus personas de confianza en el golpe de Estado y gobierno posterior. "Cuando presente el rey emérito su sonado libro, se le podría preguntar por qué concedió, a los tres días del fallecimiento de Franco, el Ducado y Señorío de Meirás... Esto no ocurre ni tiene parangón en ningún Estado europeo que haya sufrido una dictadura, sea Portugal, Alemania o Italia. Sin embargo, en España sí, porque somos muy genuinos y, a lo mejor, somos todavía un poco franquistas", sentenciaba. 

María José Landaburu recogía el testigo de esta última reflexión de Aroca y afirmaba que "franquistas unos y poco ejecutivos otros, demasiada paciencia, ¿no?". La doctora en Derecho decía esto enumerando elementos que son celebraciones de la dictadura como, por ejemplo, calles con nombres de generales de su ejército. Además, también hacía mención a presiones a través de denuncias que reciben por parte de quienes apoyan al régimen que sufrió España, como las ocasiones en la que se ha dicho, con evidencias históricas, que la adquisición de este palacete fue en una subasta amañada. 

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