"Baja económica temeraria": así regó Ayuso con 38 millones a la empresa de su exalumna para operaciones de Metro

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, adjudicó el contrato para operaciones de Metro a Ariete Seguridad, empresa de la exconcejala del PP de Alcorcón y antigua estudiante de la lideresa regional en un curso que ésta impartió, Silvia Cruz, en lo que coloquialmente se conoce como baja económica temeraria.

También conocido como oferta anormalmente baja, este modus operandi alude a una propuesta cuyo precio está significativamente por debajo del resto de ofertas que se presentan al concurso. Como consecuencia, más allá de las dudas alrededor del proceso, que, no llega a ser ‘a dedo’ -esto es cuando se imposibilita que otras compañías se presenten- el oscurantismo se extiende al seno de la firma: ¿Reúne la calidad y eficiencia necesarias para las labores? ¿Es justificable?...

La sombra pesa sobre la compañía hacia la que la Comunidad de Madrid ha dirigido varios contratos de muy distinto índole. La oposición considera que el contrato al que alude estas líneas no se corresponde con el objeto social de la compañía, a la vez que reprochan que la forma de justificar la enésima adjudicación a Ariete no está debidamente justificada, pues no reúne la explicación exhaustiva que requieren este tipo de ofertas -coste de los materiales, laborales, trabajos subcontratados, etc, tal y como estima la ley.

Los trabajadores, ¿cobran por debajo de convenio?

La última sacar a colación a esta cuestión -también lo han hecho voces dentro del PSOE como Lorena Morales, su portavoz de Políticas Sociales, con quien este periódico ha hablado reiteradamente- ha sido la diputada Marta Lozano, de Más Madrid, que reprochaba esta última semana otro punto respecto de la oferta a la región: el presupuesto en el pliego está calculado en función al convenio estatal, lo que implicaría que habría trabajadores que cobrarían por debajo de ese convenio.

“El PP miente. Nos lee los pliegos que es lo que hacen siempre (…) Los contratos en vigilancia siempre se han adjudicado por el criterio económico, salvo en 2019, el único bien valorado”, emplazaba en comisión la parlamentaria: “Ustedes mismos reconocen en la memoria del proceso de contratación que el resto fueron un desastre”.

En cuanto a desglose de precios se refiere, Lozano insiste en que la Autonomía calculó el presupuesto de partida “teniendo en cuenta el convenio estatal que rige el sector”. “Si ustedes han acepado una oferta anormalmente baja sin tener en cuenta las valoraciones cualitativas porque Ariete estaba sobre las últimas, solo cabe una respuesta: una gran parte de los trabajadores de Metro van a cobrar por debajo de lo que marca el sector, mismo motivo por el que Ariete fue denunciada y sentenciada en el Tribunal Supremo”.

La transparencia, ni está ni se la espera

En aras de la transparencia, ya hace cosa de un mes algunos ciudadanos intentaron pedir información a la Comunidad de Madrid sobre el informe económico que justificara el precio -pese a no ser la que mejor puntuación obtiene y ofrecer un precio irrisorio, sin obtener respuesta.

En los últimos días, Lozano ha hecho público haber elevado otra petición, pero con el mismo éxito. En su caso, denuncia que “no existen actas de la Mesa de Contratación” o “al menos, no aparecen en el portal de contratación”. La región sigue sin contestar.

Cómo funcionan las ofertas temerarias

Con todo, no siempre es sencillo detectar ofertas anormalmente bajas, ya que algunos expertos explican que para ello son necesarias fórmulas matemáticas concretas que determinen el umbral de sospecha. Dicho umbral, se calcula considerando la media aritmética de las ofertas presentadas, dejando fuera las que sean claramente desproporcionadas y teniendo en cuenta datos como la desviación estándar de los precios ofertados. Cuando una oferta está por debajo de este umbral, se considera que es anormalmente baja y la compañía debe justificar la viabilidad para llevar a cabo el proyecto encomendado.

En cualquier caso, si se atiende al artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, se considera como desproporcionadas las ofertas inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la competidora cuando son dos competidores o en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. La aritmética varía según el número de empresas que se presentan.

En este caso, los datos accesibles muestran que la cuantía de la adjudicación fue de 66.158.116, 09 -impuestos incluidos- y 54.676.129 euros -sin impuesto- aunque solamente una parte de ella se corresponde con Ariete (equivalente al lote 1). Finalmente, el importa de adjudicación fue superior a los 38 millones de euros.