La empresa Ariete Seguridad S.A., cuya propietaria es Silvia Cruz, exconcejala del PP en Alcorcón y antigua alumna de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un curso que ésta impartió y que sirvió para que varios cargos del partido engordaran sus currículums, tal y como reveló este verano ElPlural.com.
En la presenta ocasión, Ariete se encuentra en entredicho por haberse llevado el enésimo contrato de la Comunidad de Madrid a través de Metro. Más allá de eso, a la adjudicación la rodea una sombra de oscurantismo que la Autonomía justifica a este periódico amparándose en cuestiones legales.
No pasa desapercibido, además de estas cuestiones, que la empresa se dedica principalmente a temas relacionados con la seguridad mientras en el suburbano las pantallas de seguridad permanecen apagadas y los índices de vandalismo aumentan, según denuncia la oposición.
Además, cabe destacar en este sentido que el Gobierno de la región y la firma de trenes ha permitido estos meses la colocación de carteles insultando al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, o en contra de la educación sexual o el colectivo LGTBIQ+, cuestiones todas ellas condenadas desde la oposición madrileña.
La presenta adjudicación, lamentan desde el PSOE de Madrid (PSOE-M) “debería servir para garantizar la seguridad y proteger el patrimonio público” y, sin embargo, desde Sol y la histórica firma de transporte público, “asistimos a una dejación de funciones”. “Metro de Madrid permitió la colocación de carteles que imitaban su señalética oficial para insultar al Gobierno y fomentar el dio, mientras las pantallas de seguridad se encuentran apagadas y el vandalismo aumenta”, lamentan voces del partido que capitanea Óscar López.
Cartelería contra Sánchez
Metro de Madrid obedece a un servicio público que usa la ciudadanía madrileña y cualquier persona que acude a la capital, dando así pie a miles de traslados cada día. El espacio debería estar lejos de toda propaganda política y debería estar prohibido que en sus paredes se esparciera odio contra cualquier dirigente político. Sin embargo, en los últimos meses y años se han sucedido varios episodios en la línea contraria.
Uno de los ejemplos más recientes, sino el que más, ocurrió cerca de las navidades pasadas, cuando el nombre de diferentes estaciones recibió un troquelado para cargar contra el PSOE y el Ejecutivo español. De esta manera, en la parada de Tribunal se pudo leer antes un “Sánchez al” o en la de Begoña “la Fundraiser” después, en referencia a Begoña Gómez.
Otras estaciones icónicas como Nuevos Ministerios aparecieron con un “imputados” o “piso Jéssica” en el caso de Plaza España, haciendo así alusión al piso que el exministro socialista José Luis Ábalos compró presuntamente a su supuesta amiga con ese nombre. Metro explicó que los vigilantes fueron a retirarlos pero que solo se encontraron con restos de pegamento, mientras que les fue imposible identificar a los autores.
No ha sido la única cartelería que ha aparecido contra el líder del Ejecutivo, y es que un año anterior los andenes se llenaban de otros ‘anuncios’ directamente única y exclusivamente contra Sánchez. En ellos se podían leer mensajes como “Se llamaba Cercanías hasta que se encargó Sánchez”, “Yo en mi Falcon, tú en mi Cercanías” o “Mi Falcon tiene más frecuencia que tu Cercanías” al lado de la imagen caricaturizada del presidente guiñando un ojo. El color del fondo empelado fue el rojo, color identificativo del PSOE, pero en ningún momento aparecieron logos de otras formaciones ni se identificó al responsable de una campaña que el PSOE llevó a la Junta Electoral Central por su cercanía a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023.
Ataque a los derechos de la mujer o la educación sexual
2025 tampoco ha estado exento de propaganda en el Metro de Madrid, aunque el presente año se ha ceñido a cuestiones más sociales como el feminismo los derechos LGTBIQ+ o la educación sexual.
Respecto de lo primero, la Asociación Católica de Propagandistas lanzó con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una campaña lamentable en la que se preguntaba si “la mujer se nace o se hace” y contra la que Más Madrid registró una batería de preguntas al Gobierno ‘popular’ en la Asamblea. “Es una vergüenza que Madrid permita esta campaña, pero no nos pilla por sorpresa”, expuso la formación de Manuela Bergerot en declaraciones a este periódico.
En junio, otra campaña publicitaria, entonces de la Asociación Familias Numerosas de Madrid apareció en la estación de Chueca -elección que no es casual dado que se trata del barrio LGTBIQ+ por excelencia de Madrid- coincidiendo la fiesta del Orgullo, con varias personas, algunas de ellas representando la soledad; y el siguiente mensaje: “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tú solo el día de Navidad. Ojalá no te confundas, puedes formar una familia y que sea numerosa”.
La oposición lamentó esta nueva propaganda contra la educación afectivo-sexual. “Ayuso niega la educación afectivo-sexual, pero permite en Metro estas campañas”, indicaba la diputada socialista Lorena Morales. Cabe destacar que aquel mes el Ejecutivo de al administradora de Sol relacionó autismo y transexualidad o buscó que sean médicos quienes den charlas en colegios y otros centros.
El contrato con Ariete
Ariete Seguridad y la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda cerraban el año pasado un acuerdo por valor de 38 millones de euros -31.658.067,83 sin impuestos- solamente en el lote que recayó sobre la firma de Cruz, recurrente para labores que dependen del equipo de la presidenta. El objeto del contrato es el “servicio de vigilancia para la seguridad de las instalaciones que constituyen el patrimonio de Metro de Madrid: los recintos, la sede social, dependencia y edificios singulares (museos)”.
Sobre la mencionada adjudicación existen ahora más sospechas, y es que la región no explica por qué la empresa se llevó el concurso de entre 14 competidoras pese a quedar muy por debajo de la mejor puntuación. “El precio es tan bajo que lo ganó. 34 millones de euros”, exponía el usuario que lamentaba este hecho.
La mencionada consejería, en declaraciones a ElPlural.com justifica que no puede aportar nada relativo al informe económico porque “sería ilegal” amparándose en una resolución del Tribunal Administrativo de Contratación pública en su resolución 192/2022.
