Moreno Bonilla, incapaz de doblegar el 'gigante' Servicio Andaluz de Salud: cuatro consejeros desde 2019 y sumido en una crisis continua

Hace apenas un mes y medio, cuando comenzaba el último curso político de la mayoría absoluta del PP de Moreno Bonilla, la comidilla política giraba en torno a cuándo serían las elecciones. El calendario apuntaba a junio, pero los ecos del Parlamento andaluz apuntaban a un previsible adelanto electoral. Desde el Gobierno andaluz afirmaban que el presidente lo tenía en la cabeza y este solo decía que el calendario hay que respetarlo. Se las prometían felices, entonces, un PP que hoy vive sumido en una crisis de Gobierno cuya proyección puede poner en riesgo más de lo que pensaban hace apenas un mes y quince días.

La crisis por el fallo en el cribado de cáncer de mama en Andalucía ha provocado la última crisis política en el Gobierno del PP. Lo que comenzó siendo “tres o cuatro casos”, según la ya exconsejera, Rocío Hernández, que incluso llegó a acusar de manipulación a las denunciantes, se ha convertido en, hasta el momento, 2.000 mujeres según la Junta de Andalucía. La realidad es que ni siquiera la propia Administración sabe de cuántas mujeres podemos estar hablando, dado que la Junta circunscribe el fallo a un solo hospital y las advertencias ya provienen desde las ocho provincias.

Sin embargo, no es la única crisis sanitaria que le ha tocado surfear a Moreno Bonilla que, con el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Salud, ha designado ya cuatro responsables sanitarios al frente de las competencias sanitarias desde que llegara al poder en 2019: Jesús Aguirre, Catalina García, Rocío Hernández y Antonio Sanz. La realidad, como desliza la oposición, es que no se trata de un tema de “nombres, sino de modelo”.

“Escándalo”

Sin ningún tipo de intención de parafrasear a Raphael, la oposición andaluza califica como “escandalosa” la crisis sanitaria que vive nuestra comunidad. Pero antes del caso de los cribados, Moreno ya ha tenido que afrontar una serie de crisis sanitarias que evidencian un fallo en el modelo de gestión popular.

En primer lugar, el “escándalo” más ‘importante’ hasta la fecha era el fraccionamiento de contratos menores para beneficiar a unas pocas empresas, eludiendo la libre concurrencia. La Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió que el SAS habría repartido a empresas privadas un total de 1.223  millones de euros utilizando este método. Las principales centrales de compra afectadas son las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.

El ‘troceo’ de estos contratos de una gran cantidad económica en cientos de contratos menores constituye un fraude de ley, ya que el objetivo, tal y como interpretaba la Intervención, era la de eludir la fiscalización previa a dicha contratación y un control más riguroso, tal y como marca la ley. Estamos hablando de contratos que oscilan entre los 15.000 y 30.000 euros. Además, el uso de este método también eludía la concurrencia competitiva y la publicidad, permitiendo que el SAS pudiera adjudicar “a dedo” las empresas.

Contratos de emergencias

A estos, hay que sumar otros 242 millones de euros, que según destapó, del mismo modo, la Intervención General de la Junta, el SAS habría entregado sin concurrencia competitiva y sin publicidad acogiéndose a una ley de contratos de emergencia que impulsó el Gobierno central durante el covid-19 y que derogó en 2021. Sin embargo, la Junta continuaría con este procedimiento hasta bien entrado 2023, careciendo de marco legal alguno.

Los propios interventores del SAS emitieron informes “desfavorables” en 2021, censurando a la Consejería de Salud por abusar de la contratación de emergencia “sin justificación alguna” y quebrantando la Ley de Contratos del Sector Público.

Aunque la Junta defendió las prórrogas alegando que el interés general y la crisis sanitaria debían prevalecer, la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados han abierto investigaciones para determinar si las adjudicaciones a dedo con una ley derogada constituyen un posible delito de prevaricación en la gestión de fondos públicos.

Listas de espera y privatización

Estos son algunos de los “escándalos” más destacados que afectan de lleno al PP andaluz, que también afronta cada quince días acusaciones de la oposición en el Parlamento y de las asociaciones civiles y sanitarias en las manifestaciones, acusaciones por la privatización del sistema sanitario y las acuciantes listas de espera.

Sin ir más lejos, en el caso que más de cerca nos toca ahora, como es el caso del cribado de cáncer de mama, los sindicatos apuntan en la dirección de las listas de espera para pruebas diagnósticas, que el Ejecutivo de Moreno lleva sin publicar desde 2019 y que podrían suponer la causa principal de los fallos y ejecuciones, mezclado con el desmantelamiento del sistema anterior para privatizar las mamografías, lo que habría ocasionado una suerte de caos y derivado en esta crisis.

Este verano, precisamente, Moreno Bonilla volvió a destinar 533 millones de euros a la sanidad privada para “aliviar las listas de espera”. Unas listas de espera que no consiguen aliviarse, pese al mensaje triunfalista del Gobierno andaluz, donde se logró reducir brevemente la lista de espera en los quirófanos y consultas con especialistas, un 4% y 2% menos que en 2023, respectivamente.

Sin embargo, desde el PSOE-A, su portavoz de Salud, María Ángeles Prieto, explicó que la “trampa” estaba en el aumento de la lista de espera para consultas externas, que se ha acrecentado en 3.500 personas más entre junio de 2024 y junio de 2025, con especial incidencia las personas que llevan más de 60 días en espera, 10.153 más que en 2024.

Este aumento es lo que estaría provocando el “tapón” para que la ciudadanía no tuviera cita con el especialista y aligerar esa segunda “barrera” de espera para acudir al quirófano.

La realidad es que el Gobierno de Moreno Bonilla, desde que llegara al cargo en 2019, ha sido incapaz de doblegar el gigante que es el Servicio Andaluz de Salud, costándole hasta cuatro consejeros distintos en el cargo. Primero fue Jesús Aguirre, luego Catalina García, posteriormente Rocío Hernández, y ahora Antonio Sanz. Este último, tendrá que dar la cara de aquí, a las próximas elecciones, es decir durante, previsiblemente, los próximos siete meses, de las consecuencias de la gestión de sus antecesores, y lidiar con lo que desde la oposición califican como “el mayor escándalo sanitario de Andalucía”.