La presión del Partido Popular sobre RTVE ha vuelto a encender el debate sobre los límites de la libertad de expresión en los medios públicos. Esta vez, la diana ha sido la analista política Sarah Santaolalla, cuyas palabras en un programa de la cadena han provocado una reacción inmediata de la oposición conservadora, que reclama su expulsión. Lo que para unos fue un ejercicio legítimo de opinión en un espacio televisivo, para otros constituye un insulto intolerable hacia millones de votantes que apoyan al PP y a Vox.
El detonante se produjo en Mañaneros 360, cuando Santaolalla aseguró que “hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox”. Una declaración contundente que ha sido utilizada por el PP como argumento para exigir su cese inmediato de la televisión pública. Los populares han registrado un escrito formal contra la analista, al tiempo que han trasladado el asunto al terreno parlamentario con preguntas dirigidas al Consejo de Administración de RTVE.
Desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se insiste en que RTVE, financiada con dinero público, no puede dar cabida a colaboradores que “faltan al respeto” a una parte significativa del electorado. El PP sostiene que la cadena debe garantizar neutralidad y pluralismo, y que mantener a Santaolalla en plantilla tras sus palabras supondría validar un discurso ofensivo.
En paralelo, el episodio ha abierto una discusión más amplia sobre el papel de los tertulianos y analistas en los programas de debate político. ¿Debe la televisión pública limitar las expresiones que, aunque formen parte del terreno de la opinión, resultan hirientes para parte de la audiencia? ¿O, por el contrario, se debe priorizar la libertad de expresión, incluso cuando las palabras generan polémica y rechazo?
La propia Santaolalla ha respondido a las críticas, denunciando una campaña de persecución en su contra. En el programa Malas Lenguas defendió que sus declaraciones han sido manipuladas y que su labor como analista política consiste precisamente en señalar lo que considera engaños o estrategias de manipulación desde la derecha. “Dejen de perseguir a la prensa”, pidió, acusando al PP de intentar amordazar a los medios y a quienes opinan con dureza sobre su proyecto político.
El debate no es nuevo. Cada vez que una figura crítica con la derecha interviene en RTVE, el Partido Popular activa un dispositivo de presión para intentar limitar su presencia. Ocurrió en el pasado con otros periodistas y colaboradores que se atrevieron a cuestionar la estrategia del partido, y vuelve a repetirse ahora con Santaolalla. Lo que está en juego no es solo el futuro de una analista en un plató, sino la capacidad de la radiotelevisión pública para ofrecer un espacio plural donde convivan las diferentes sensibilidades políticas.
Para la ciudadanía, el asunto también plantea una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto un partido político puede presionar a una corporación pública para censurar voces críticas? Y, en caso de que RTVE cediera a estas exigencias, ¿qué mensaje se trasladaría sobre la independencia de la cadena?
