Hay una imagen que se repite en la historia reciente de FIFA: la sede está en Zúrich, el conflicto estalla en Europa y, cuando aparecen las sospechas sobre dinero, contratos y derechos comerciales, Estados Unidos acaba entrando en escena.
En 2015 sucedió con el mayor terremoto institucional que ha sufrido el fútbol mundial. Ahora vuelve a ocurrir.
UEFA ha acudido a un tribunal federal estadounidense para intentar obtener documentos y testimonios de dos entidades de FIFA con sede en Florida, con el objetivo de utilizarlos en una futura denuncia penal en Suiza contra Gianni Infantino y su entorno por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise. UEFA sostiene que la iniciativa para trasladar derechos comerciales de los grandes torneos a una nueva sociedad se diseñó sin las aprobaciones necesarias y de forma poco transparente.
No es, por tanto, una investigación penal estadounidense contra Infantino. Es una batalla nacida en FIFA que vuelve a utilizar el sistema judicial de Estados Unidos como herramienta para alcanzar pruebas que pueden terminar en otro país.
El precedente que cambió FIFA para siempre
Hay que volver a mayo de 2015.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó una acusación de 47 cargos contra 14 personas por conspiración, fraude electrónico y blanqueo de capitales relacionados con una trama de corrupción que se había prolongado durante 24 años. Entre los acusados había altos dirigentes de FIFA y responsables de las confederaciones. Siete fueron detenidos en Zúrich a petición de Estados Unidos.
El golpe fue histórico. FIFA no estaba radicada en Estados Unidos, pero una parte esencial del dinero sí pasaba por allí.
Ese fue el argumento que permitió a los fiscales estadounidenses entrar en una organización internacional aparentemente alejada de su territorio. Las autoridades sostuvieron que los implicados habían utilizado bancos y sistemas de transferencia estadounidenses para mover los sobornos y que parte de los negocios afectados estaban dirigidos al mercado estadounidense. En otras palabras: no hacía falta que el delito ocurriera físicamente en Nueva York para que Nueva York pudiera entrar en la investigación.
El dólar como puerta de entrada
La legislación federal permite perseguir determinadas conductas cuando existe una conexión suficiente con Estados Unidos: utilización del sistema financiero estadounidense, transferencias electrónicas que pasan por su territorio, empresas estadounidenses, ciudadanos estadounidenses o actividades que afectan al comercio interestatal o internacional.
En el caso FIFA, esa red de conexiones era enorme. La documentación de la investigación de 2015 describió transferencias internacionales realizadas a través de cuentas corresponsales en Nueva York, operaciones de CONCACAF y CONMEBOL mediante entidades financieras estadounidenses y negocios de compañías deportivas con presencia en Miami y otros puntos del país.
Por eso la geografía del fútbol no coincide necesariamente con la geografía de la justicia. Puedes gobernar el fútbol desde Zúrich y aun así dejar huellas financieras en Nueva York.
El caso no terminó en 2015
El FIFAgate tampoco fue una tormenta de un solo día. La investigación continuó durante años. En diciembre de 2015 se presentaron otros 16 acusados y la causa llegó a implicar a decenas de personas y empresas. Con el tiempo hubo numerosas declaraciones de culpabilidad, condenas y acuerdos con compañías y bancos.
En 2021, por ejemplo, el banco suizo Julius Baer reconoció ante un tribunal federal de Brooklyn haber colaborado en el blanqueo de más de 36 millones de dólares en sobornos relacionados con el fútbol y aceptó pagar más de 79 millones de dólares en sanciones.
El Departamento de Justicia llegó a contabilizar 27 personas que se habían declarado culpables dentro de la investigación y más de 190 millones de dólares en decomisos acordados por varios condenados. La lección era clara: el fútbol podía ser internacional; los flujos de dinero no eran inmunes a las leyes estadounidenses.
Once años después, cambia el protagonista
En 2015 eran los fiscales estadounidenses quienes perseguían a dirigentes del fútbol internacional. En 2026 es UEFA la que ha llamado a la puerta de un tribunal federal.
La confederación europea ha solicitado información de dos entidades de FIFA radicadas en Florida para preparar una acción que pretende desarrollar en Suiza. El procedimiento estadounidense se basa en mecanismos que permiten obtener pruebas situadas en EE.UU. para utilizarlas en un litigio o investigación extranjera.
El objetivo de UEFA es conseguir documentación que permita aclarar cómo se gestó el FIFA Forward Enterprise, el proyecto que pretendía vender a inversores privados una participación en los futuros ingresos comerciales de determinadas competiciones.
El plan fue retirado en julio después de la oposición de UEFA y otras confederaciones. Ahora la batalla ha cambiado de escenario: del Congreso de FIFA a los tribunales.
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