La semana pasada, se hizo pública la última propuesta del ministro Escrivá para hacer frente a la reforma de las pensiones. De acuerdo con las informaciones hechas públicas, la propuesta pasaría por incrementar las cotizaciones máximas, para permitir que el sistema contributivo reciba más ingresos, al tiempo que se reconoce el derecho a mayores pensiones, eso sí, más allá del año 2050, cuando se supone que el sistema de pensiones deja atrás el pico de gasto público y comienza a reducirse. En otras palabras, cuando la “bola” de la generación del Baby Boom pasa y la presión ejercida por las pensiones en las finanzas públicas comienza a remitir. Esta medida parece que se complementaría con una extensión del llamado “mecanismo de equidad intergeneracional”, una contribución adicional prevista hasta el año 2033, que se extendería hasta el año 2050, y la posibilidad de ampliar el número de años que se utiliza para el cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. Todas estas medidas, en sí mismas, no son una solución al problema de las pensiones, pero pueden ayudar a reequilibrar las cuentas.

La estrategia seguida para hacer frente al reto de las pensiones pasa por una serie de ajustes, como los descritos, a los que habría que sumar otros ya puestos en marcha, como la transferencia de gastos no contributivos a los presupuestos generales del Estado, como ya se hizo en el pasado con otras partidas. El resultado de estas diferentes medidas hace que la reforma de las pensiones no se desarrolle “de una vez”, sino a través de cambios parciales, ajustes y medidas transitorias. La estrategia seguida no se diferencia mucho de las anteriores, en el sentido en el que no se plantea un “cambio definitivo”, sino ajustes a un modelo que sigue basándose en los mismos principios: sistema de reparto y principio de contributividad. Cada cambio que se establece modifica la naturaleza de estos conceptos y hoy hablar de un sistema de reparto contributivo no significa lo mismo que significaba hace 20 o 30 años.

Las medidas y propuestas de la reforma están permanentemente sometidas al escrutinio público, pues al final del camino hay sólo dos opciones para equilibrar el sistema: o incrementando ingresos, o recortando gastos. Para buena parte de los expertos que debaten en el espacio público sobre las pensiones, la única solución viable es recortar gastos, y todo lo que no pase por reducir la generosidad del sistema es una falsa solución que empeora el problema. La otra parte está dispuesta a seguir hablando de reformas siempre y cuando no se empeoren las prestaciones existentes. Así que encontrar consensos será francamente difícil y el sentido de la reforma tendrá que, en última instancia, tomar partido. Los defensores del recorte de prestaciones señala que la tasa de sustitución de las pensiones sobre el último salario es demasiado alto en comparación con las pensiones de nuestro entorno. Los defensores del incremento de ingresos del sistema señalan que la mitad de los pensionistas reciben pensiones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Ambos grupos están de acuerdo en que la falta de continuidad en las trayectorias laborales y los bajos salarios, en vidas profesionales fragmentadas, no ayudan a tener una perspectiva demasiado positiva sobre la capacidad del mercado de trabajo de contribuir a su mantenimiento. Así que o se incrementan las contribuciones, o se financia una parte del sistema con impuestos, o se reducen las cuantías para hacerlas compatibles con los ingresos que recibe. Cada uno ha tomado su decisión, y parece que este gobierno, como prácticamente todos los anteriores -con la excepción del gobierno de Mariano Rajoy- ha decidido mantener el poder adquisitivo de las pensiones y actuar sobre todo del lado de los ingresos.

Es este el fondo de la cuestión: o adecuamos los ingresos del sistema a los gastos, o adecuamos los gastos a los ingresos. En estas dos líneas se argumentan diferentes porcentajes, cifras, proyecciones y mensajes. Para estructurar bien el debate público, sería muy interesante que los defensores del incremento de ingresos señalaran qué impuestos se van a subir o qué partidas se van a sustituir para completar la financiación de las pensiones. También lo sería que los defensores de rebajar la “generosidad” del sistema explicitaran qué cuantías de pensiones serían las adecuadas para garantizar la viabilidad sin tocar los ingresos. De momento unos y otros están más centrados en exponer las desventajas de la solución contraria que en exponer la viabilidad económica y social de sus propias propuestas. Porque al final tendremos que decidir: o pagamos más (por una vía u otra) recibimos menos (por una vía u otra). El tiempo avanza y tristemente nadie le quiere poner, de manera trasparente y eficaz, el cascabel al gato.